No podía seguir en cama. El sueño hace rato había escapado como un ratón que escapa por una rendija de la cocina. Demasiadas cosas pasaban por mi mente. Demasiado que pensar y que escribir. El Salvador estaba a punto de iniciar uno de los años más críticos de su Historia, eso, por llamarlo de alguna forma, ya que en este pequeño país parece que siempre se está jugando algo importante. Este 2018 se llevarán a cabo elecciones para diputados y alcaldes, de ellas se derivará la gobernabilidad, futuro económico, estabilidad democrática y mantenimiento de la República como forma de gobierno. Mi insomnio era más que justificado.
Café en mano, viendo uno de esos espectaculares amaneceres de nuestras tierras, pude ver el futuro, y como expresaba el periodista Lincoln Steffens, yo también puedo afirmar: “vi el futuro y funciona”. Lo que vi fue que una vez electa, la clase política olvidaba sus mezquindades partidarias y su divorcio con las exigencias sociales, por ello, los diputados sabían que no se debían a su partido, sino al pueblo que los había electo. Ese espíritu servía de marco para construcción de un “pacto de nación”, el cual contemplaba aspectos básicos que tiene cualquier país civilizado: normas claras, transparentes, competentes, funcionales y permanentes, para poder garantizar que nuestro país sea atractivo para la inversión nacional e internacional; garantizar las libertades individuales, propiedad privada e independencia judicial.
Acto seguido, se crearon procedimientos que hicieran transparente la elección de los funcionarios de segundo grado, por lo que la elección de los titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas, se llevaron a cabo sobre la base de la meritocracia y capacidad comprobada, y no en base a la filiación ideológica y al compadrazgo.
Los diputados, conocedores de que no son dueños de la verdad y sabedores de sus propias limitaciones, contrataban asesores legislativos de las comisiones, escogiéndolos transparentemente en concursos públicos mediante propuestas hechas por diferentes gremiales representativas de la sociedad civil, en cada una de las diversas áreas académicas en las que los diputados pudiesen necesitar apoyo. Los asesores eran bien pagados y sus remuneraciones guardaban relación a sus méritos y capacidad académica.
Los diputados, en pleno, pidieron disculpas por haber mentido descaradamente a la población durante toda la Historia moderna de El Salvador y finalmente decidieron emitir leyes que transparentaban la partida secreta, a efecto de que reflejara adecuadamente sus ingresos, gastos y prestaciones económicas, única forma de que pueda existir un verdadero escrutinio ciudadano. Debido a que se transparentaron sus ingresos reales, se hizo muy relevante la capacidad académica, historial laboral y experiencia política y administrativa, de los candidatos a la hora de optar por el cargo. Con esta medida se acabaron los sobresueldos, los pagos en efectivo y las transacciones oscuras, ya que los diputados podían declarar fiscalmente lo que ganaban y hacer depósitos legítimos en el sistema bancario.
Se modificó el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, a efecto de que nadie pudiese ser diputado por más de veinticinco años, obligando a jubilarse con un premio económico por servicios a la patria –de igual forma que se premia a cualquier empleado fiel de una compañía privada- a los que alcanzaban dicha edad de servicio. De esta forma, a la vez que se premiaba a un buen servidor público, al jubilarlo, se abrían espacios a personas que brindaran nuevas y refrescantes visiones políticas y económicas para el país.
Los diputados, conscientes de las limitaciones presupuestarias, establecieron mecanismos de rendición de cuentas respecto a sus viajes y gestión de proyectos legislativos. Todo viaje, una vez autorizado y aprobado el gasto, obligaba al diputado a rendir un informe respecto a los resultados de su gestión y los beneficios que tendría al país los gastos realizados. Todo diputado que no cumpliese con ese informe o que sus resultados no fueren los esperados, sería inhibido de volver a optar por la candidatura, mediante resolución razonada enviada al TSE, por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, previo proceso instruido conforme a derecho.
Una dependencia de la Secretaría Transparencia, adscrita a la Asamblea Legislativa, tendría datos actualizados, puestos a disposición del público mediante una página web, que informase en tiempo real sobre las gestiones de los diputados, sus ausencias al pleno, las leyes que ha impulsado y/o ha votado, los fondos que ha dispuesto, cuanto ha ganado, cuanto ha gastado y cuándo, dónde y para qué ha viajado. Todo ello para que los electores tengamos una radiografía clara el tipo de gestión realizada por la persona a quien le hemos confiado el voto.
Yo vi el futuro y funciona, la pregunta es ¿se atreverán los próximos diputados a hacerlo realidad?
*Abogado, máster en leyes.
@MaxMojica