Los hechos que ensombrecieron al cuerpo policial en días recientes revelan que se ha descuidado a una de las instituciones más significativas surgida de los acuerdos de paz. La Policía Nacional Civil (PNC) se creó para “garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública”. Las acciones cometidas por algunos de sus integrantes en perjuicio de sus mismos colegas exponen un dilema que afecta a la sociedad entera. De la autoridad pública se espera una actuación apegada a la ley; cuando sucede lo contrario, la gente se enfrenta a una situación compleja en la que está en riesgo la protección de sus derechos fundamentales.
Los miembros de la PNC carecen de apoyo psicológico, temen dejar en desamparo a sus seres queridos y no encuentran los incentivos necesarios para ascender profesional y económicamente. En el pasado reciente hubo denuncias anónimas por no poseer el equipo indispensable para cumplir con sus funciones; a este reclamo, que permanece vigente, se añaden la entrega de un bono anual y las nivelaciones salariales. El presupuesto de la PNC siempre es insuficiente y, para algunos, mal administrado. Los policías y su familia sufren también amenazas constantes por los criminales; muchos han sido asesinados a manos de las pandillas. Esta intimidación, sumada a las demandas de la población, les impone un prolongado estrés que puede originar un estado depresivo con desenlaces nefastos, como el suicidio.
A los vacíos y privaciones señalados se agregan ahora la insubordinación y la anarquía. Este comportamiento derivó en resultados fatales. La muerte de una agente y el desaparecimiento de otra, en ambos casos con la participación directa de policías, representan motivo suficiente para una revisión exhaustiva de la organización. De no corregirse esta situación con la prontitud y diligencia del caso, evitando que se propague la rebeldía y la desobediencia, su imagen y credibilidad acabarán debilitándose de tal forma que restablecer su reputación será cuesta arriba.
Las circunstancias son de tal magnitud que justifican un debate acerca de la actuación de la Inspectoría General de Seguridad Pública, de los filtros que aplica la Academia Nacional de Seguridad Pública para la admisión de los que aspiran a incorporarse a la PNC, de las tareas que desempeña el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y de las mismas atribuciones de la Policía. Los delitos cometidos por los agentes serán investigados por la Fiscalía General de la República y conocidos por los tribunales de justicia. Los incidentes, sin embargo, obligan al gobierno a considerar un examen completo de la institución policial, de sus estructuras y del ordenamiento jurídico que los regula.
El deplorable episodio con el que cerramos el 2017 también debe ser objeto de discusión en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Estos son los temas estructurales que merecen su atención. Se requiere respaldar a la PNC pero al mismo tiempo es necesario corregir las imperfecciones que han aflorado en los últimos veinticinco años. Se habla de presuntos “ajusticiamientos” de pandilleros, involucramiento de policías en bandas de extorsionistas y supuestas agresiones sexuales.
Por otra parte el Estado es el responsable de asegurar la total independencia de la Inspectoría General. La ley orgánica que rige a esa entidad remite ciertas decisiones a la aprobación del MJSP. Sujetar el control disciplinario de los policías a la aprobación de otra instancia, sobre todo cuando el titular del ministerio es un comisionado policial, no es conveniente. El artículo 30 establece que “el Inspector General estará facultado para emitir directrices que contribuyan al trabajo de las Unidades de Derechos Humanos, Control e Investigación Disciplinaria en el ejercicio de la supervisión, inspección y control de los miembros de la PNC y de la ANSP, las que serán sometidas a consideración del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, para que por su medio se hagan efectivas en la Institución Policial”.
En un país donde los homicidios y las extorsiones acosan a los ciudadanos diariamente, el organismo responsable de cuidar la vida y los bienes de las personas, además de una permanente depuración, debe contar con el amparo incondicional, en términos presupuestarios y humanos, para el buen desarrollo de su labor, y de una supervisión constante por parte de la sociedad civil.
*Columnista de El Diario de Hoy.