Hace unos días, mi buen amigo Daniel Olmedo reflexionaba sobre el sorteo realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en virtud del cual más de 40,000 personas han resultado elegidas para terminar de conformar las juntas receptoras de votos (JRV) en los próximos comicios municipales y legislativos. Esta vez, disentimos con algunas de las conclusiones del amigo.
Comencemos por recordar de dónde viene todo esto. En 2015, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia por la que se ordenó que la Asamblea Legislativa dictara la normativa necesaria para garantizar que las JRV estuvieran formadas por ciudadanos que no tuvieran vínculos partidarios con ninguno de los partidos en contienda; esto con miras a procurar la imparcialidad e independencia de esos organismos.
Sin estar muy contentos con ello, los diputados de la Asamblea Legislativa introdujeron reformas al Código Electoral, entre las que destacan: i) el art. 99 que establece que 120 días antes de las elecciones, los partidos políticos deberán remitir sus propuestas de ciudadanos para integrar las JRV, propuestas que deberán ser tomadas con prioridad por el TSE; y ii) el art. 102 que señala que si lo partidos remiten listados parciales, el TSE debe proceder a un sorteo entre los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de cada municipio, velando por que se cumpla con el requisito de no afiliación partidaria.
Como ya era previsible, las propuestas de los partidos políticos no fueron suficientes por lo que hubo necesidad de acudir al mecanismo del sorteo.
Coincido en que ese mecanismo revela falta de imaginación del legislador para generar incentivos en la ciudadanía, y que no necesariamente promueve una mayor participación política; pero lo cierto es que se trata de una solución prevista por nuestra Constitución, cuando en el art. 9 dice que puede haber casos, señalados por la ley, en que a los ciudadanos se nos obligue a prestar servicios.
La Asamblea Legislativa pudo haber pecado de falta de creatividad, pero no podemos olvidar que ha legislado en cumplimiento de una sentencia que le impone la obligación de garantizar que las JRV estén formadas por ciudadanos no partidarios; y si los partidos no pudieron encontrar a estas personas, pues al TSE no le quedaba más remedio que el plan “b”.
Por lo demás, no me parece que exista un exceso del legislador o que se esté imponiendo una carga de tal magnitud al ciudadano, que estemos en presencia de un despropósito o de una irreflexiva ponderación de los intereses en juego. Hay una limitación momentánea a un derecho fundamental, pero con miras a un interés público que es a la vez un derecho fundamental: contar con un proceso eleccionario democrático y transparente.
Pero más allá de las consideraciones jurídicas que desde luego nunca son de color blanco o negro, que siempre tienen matices y que siempre admiten diferentes aproximaciones, me parece que en todo esto existen otras consideraciones que todos los ciudadanos debemos hacer.
Estamos exigiendo que nuestras instituciones funcionen, que la Asamblea Legislativa acate las sentencias judiciales, que el TSE organice unas elecciones en las que se respete la voluntad popular y que los partidos políticos cesen en su empeño por politizar todos los órganos decisorios. Eso está muy bien; ya hemos visto que ese rol activo de la ciudadanía es capaz de cambiar las más nefastas prácticas con las que nos ha tocado lidiar en el pasado.
Esas imprescindibles exigencias ciudadanas se aplauden, pero pierden bastante de su contenido cuando no van acompañadas de un genuino esfuerzo por contribuir personalmente en la consolidación de nuestro estado de derecho. Los ciudadanos tenemos que exigir, pero también tenemos que poner de nuestra parte y ser consecuentes con lo que exigimos.
A través de la implementación de este plan “b”, habrá quienes por primera vez podrán inmiscuirse en una tarea que por desidia, descuido e irresponsabilidad, la hemos venido dejando exclusivamente en manos de los políticos, con los resultados que ya todos conocemos y sobre lo cuales todos nos quejamos. Nosotros, al no involucrarnos, tenemos un alto grado de responsabilidad.
Lo que simplemente intento decir es que la implementación del plan “b” al que ha tenido que llegar el TSE, debe ser en realidad una oportunidad ciudadana para contribuir directa y decididamente en tan importante evento político. Veamos esto como una forma de hacer patria, como una muestra de civismo; así, a secas.
*Colaborador de El Diario de Hoy.