Toma varios años comprender la gravedad de un error histórico, y Honduras es un ejemplo de esto. En el año 2012, mientras la sociedad salvadoreña paró las intenciones de un grupo de diputados, apoyados desde la Presidencia de la República, de desarticular a la Sala de lo Constitucional, el Congreso Nacional hondureño destituyó a la Sala Constitucional de ese país por contrariar los planes del partido en el gobierno. En aquel entonces, el Congreso era presidido por Juan Orlando Hernández, quien ya en la presidencia se benefició de los nuevos magistrados constitucionales al permitírsele, en clara violación a la Constitución hondureña, la reelección presidencial. Siete años después, Honduras está hundida en una profunda crisis política.
El error histórico de nombrar personas serviles al poder como jueces del máximo tribunal de justicia no es exclusivo de una etiqueta ideológica en particular, ya sea de izquierdas o de derechas. De hecho, en América Latina, se observa este vicio en Nicaragua con Daniel Ortega, en Colombia con Álvaro Uribe, en Bolivia con Evo Morales y en Venezuela con Nicolás Maduro. De ahí que tener una Sala de lo Constitucional capaz e independiente no tiene que ver con la construcción de un proyecto de partido, sino con la construcción de país, de un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho. Y justamente de eso se trata la elección legislativa del 4 de marzo de 2018.
Durante la semana anterior, este periódico celebró el 34° aniversario de la Constitución de 1983. Después de la Constitución de 1886, la vigente es la Constitución salvadoreña con más duración y la única que ha sido adaptada a nuevas realidades, a través de reformas constitucionales consensuadas entre distintas fuerzas políticas. Desde una perspectiva histórica, la permanencia de la Constitución de 1983 y su aceptación por una diversidad de grupos de poder, desde el ejército hasta la guerrilla misma, es un logro sin precedentes en El Salvador. Pero la historia demuestra que así como las sociedades pueden avanzar, también pueden retroceder pasos agigantados en perjuicio de generaciones presentes y futuras.
Todo lo construido desde 1983 —una Constitución que reconoce en el ser humano libertades individuales y derechos sociales, un Acuerdo de Paz que fortaleció la institucionalidad democrática del país y una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia del imperio de la Constitución en el desarrollo de sus vidas, por ejemplo— no tiene sentido alguno si los diputados, en julio de 2018, no eligen a cuatro magistrados a la Sala de lo Constitucional con independencia, moralidad e instrucción notoria. Por ello es tan importante que en los próximos dos meses la ciudadanía exija posturas y compromisos puntuales de quienes aspiran a ocupar una silla en la Asamblea Legislativa. Todavía hay tiempo para evitar errores históricos.
*Abogado de ESEN, con estudios en filosofía de la UCA y maestrías en estudios latinoamericanos de Salamanca y en políticas públicas de Oxford.
@guillermo_mc