En marzo de 2017, la Asamblea Legislativa recibió para su estudio el proyecto de Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual fue propuesto por ocho instituciones que prestan estos servicios a los salvadoreños bajo la tutela de la cartera de Estado responsable.
La ministra, Dra. Violeta Menjívar, argumentó que el objetivo de crear dicho sistema integrado de salud era eliminar la dispersión con la que se prestan los servicios a los ciudadanos, garantizando así que haya una manera más eficiente para acceder a este derecho de la población, además de mejorar la función rectora del Ministerio de Salud (Minsal), aumentar la participación intersectorial al facilitar la incorporación de otros actores, entre otros fines.
Por estar inmersos en la discusión de otras leyes y reformas, el estudio del proyecto se desarrolló prácticamente en el último trimestre de este año.
Se hicieron presentes al seno de la Comisión las ocho instituciones proponentes: Ministerio de Salud; Consejo Superior de Salud Pública (CSSP); Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); Fondo Solidario para la Salud (Fosalud); Comando de Sanidad Militar (Cosam); Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM); Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), las que, en un acto de lealtad y subordinación al ente rector —el Minsal— dijeron que la propuesta estaba bien elaborada, no hubo cuestionamientos, ni propuestas de mejora.
En ese proceso, la única instancia que hizo crítica constructiva al proyecto fue el Colegio Médico; sus representantes, además, hicieron sugerencias para mejorar un sistema, que tiene una ley que data de 2007 y que por cuestiones del cambio de gobierno en 2009 no se pudo aplicar en su totalidad.
El interés de ofrecer servicios de salud con calidad a los ciudadanos no es ajeno entre los que nos encontramos en la función pública; de hecho, en nuestra propuesta de gobierno “Plan País” se planteaba también la integración gradual del Sistema de Salud para generar sinergias y permitir la cobertura universal con mayor efectividad en la prestación de los servicios.
Eso se iba a lograr mediante la revisión de los marcos legales, el establecimiento de una base de datos universal de los usuarios del sistema, lo cual permitiría un mejor control epidemiológico de los ciudadanos; se creaba un observatorio ciudadano de salud y una Defensoría de Salud, como una instancia independiente para velar por los derechos de los pacientes, entre otras medidas.
Estos son temas que, durante el proceso de construcción de ley, hemos sugerido que se incorporen a la ley; de hecho, ARENA ha presentado su propia iniciativa.
Especial preocupación despierta entre nosotros la revisión de los cuerpos legales para permitir la integración, tomando en cuenta las capacidades, las diversas formas de financiamiento y la calidad de servicios que presta cada institución, incluyendo los privados.
Si bien es cierto, es prudente la revisión constante de las leyes para adecuarlas a una realidad cambiante, le pregunté a la ministra sobre las deficiencias que habían detectado en la que establece el actual Sistema Nacional de Salud. No hubo respuesta.
Hubo preguntas relacionadas también con el financiamiento, el tiempo a invertir en la aplicación de la ley, la labor del Consejo Superior de Salud Pública —una institución de rango constitucional que se incluye entre los miembros del sistema y ya no sería una entidad independiente con la responsabilidad de velar por la calidad de los servicios. La discusión derivó a otros temas sin dar respuesta.
Todo esto debería llevar a la sociedad a preocuparse y demandar una mayor participación, tanto de la ciudadanía como de los prestadores de servicios de salud —sean públicos o privados— ya que la propuesta es prácticamente otra reforma que incidirá en uno de los principales derechos, el derecho universal a la salud, del cual debe ser garante el Estado.
He pedido abrir el debate especialmente a los ciudadanos y tanques de pensamiento, no solo a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil —muchas de las cuales solo agachan la cabeza ante lo que dice la cúpula del FMLN— porque las decisiones que se adopten serán trascendentales.
Doy un ejemplo sobre el impacto que podría tener cualquier decisión: un estudio que se nos presentaba en el seno de la Comisión detallaba que la mayor inversión per cápita en la atención de salud es la que brinda Bienestar Magisterial. ¿Querrán los maestros bajar esa inversión a los niveles de lo que se invierte en el sistema público?
Para esta ley solo se necesitan 43 votos. En ARENA pedimos una discusión responsable, pero el FMLN, con el apoyo de los otros partidos, no sería extraño que en cualquier momento pueda aprobarla, ignorando las críticas y sugerencias.
A pesar de que la atención de los salvadoreños la capta la campaña política, las investigaciones por hechos de corrupción y, más aún, la preocupación por superar el día a día en un país que no brinda las condiciones de seguridad, la salud es un derecho tan importante que no debemos permanecer ajenos a este proyecto de ley y dejar que este se siga discutiendo en silencio.
En el gobierno del FMLN, particularmente en el tema de salud, no es que se esperaba mucho; esperando muy poco, han estado debajo de las expectativas.
*Diputado