Concluimos un año en el que la temática electoral dominó el ámbito político. Los partidos realizaron competencias internas para elegir a sus candidatos a alcaldes y diputados, la rendición de cuentas sobre el financiamiento de la política tomó relevancia como consecuencia de la presión ciudadana y de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en plena organización de los próximos comicios con el desafío de superar los inconvenientes acontecidos en las legislativas de 2015, y el gremio de abogados y distintos centros de pensamiento demandaron a los candidatos a diputados y a sus respectivos institutos políticos la promesa de escoger funcionarios idóneos que preserven la independencia con la que han comenzado a funcionar instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Todos estos aspectos presentan saldos pendientes. No pueden inscribirse candidatos ni entregarse la deuda política -el dinero que reciben los partidos por parte del Estado para financiar sus campañas- si no demuestran el origen y el uso de las donaciones que obtuvieron en las elecciones de 2014 y 2015. Las organizaciones partidarias también deben comprobar ante el TSE la ejecución, conforme a derecho, de los procesos mediante los cuales se nombró, con la participación de la militancia, a los candidatos a ediles y legisladores.
Por otra parte el árbitro electoral aún no contrata a la empresa que realizará la transmisión y el procesamiento de resultados electorales preliminares; tampoco ha finalizado el filtro de las propuestas de miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) remitidas por los partidos y de los que surgieron del sorteo que se realizó en cada circunscripción electoral; al TSE le corresponde constatar que no poseen afiliación partidaria. Además tiene que agilizar la capacitación para evitar errores en el conteo de votos y en el llenado de actas y es necesario que divulgue una agresiva campaña publicitaria que anime a la gente a votar, a participar en las JRV y otra que les recuerde las distintas formas de votar.
El debate por la “limpieza” en el nombramiento de los nuevos magistrados de la CSJ ocupó decenas de programas de opinión, editoriales y eventos de distintas organizaciones en los que se exige conservar la fortaleza de ese Órgano de Estado. El mecanismo de elección considera la participación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y del Órgano Legislativo. Este último elige, por mayoría calificada, de entre los treinta candidatos que le remita el CNJ, a cinco nuevos magistrados.
El año nos deja un “claro oscuro” en este tema. El CNJ ha procedido con profesionalismo. Aprobó el reglamento que utilizará para designar a los candidatos después de analizar si cumplen el perfil que requiere la alta magistratura. Lo hizo de una forma pública, socializando el contenido de dicho instrumento. Su intención ha sido la de cuidar el respeto de las disposiciones constitucionales y de la jurisprudencia de la Sala respecto de las condiciones de las entrevistas y de la evaluación de las capacidades y aptitudes de los interesados. En cuanto a la Fedaes, el año termina con la polémica del presunto conflicto de interés de quien preside esa instancia y de la necesidad de eliminar cualquier duda que exista sobre el trabajo que le corresponderá seleccionando, con el concurso del gremio, a quince pretendientes al tribunal superior de justicia.
El diálogo político nos deja un saldo negativo. Con excepción del acuerdo en materia de pensiones, las fuerzas partidarias no lograron pactos en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito del crecimiento económico y la generación de empleo, en el saneamiento de las finanzas públicas y en el combate a la corrupción. El riesgo de un nuevo impago sigue latente lo mismo que la posibilidad de una deportación masiva si no se prorroga el TPS.
Ciertamente el país luce una dinámica política que mantiene viva a la democracia. Sin embargo es indispensable cuidar las elecciones, fomentar el debate político, asegurar la autonomía de las instituciones, estimular el mercado laboral y reducir el sector informal, y evitar el discurso ideológico que solamente ahuyenta a los inversionistas.
*Columnista de El Diario de Hoy.