Por Lourdes Argueta*
No es coincidencia que seamos más quienes demandamos con más frecuencia y fuerza que se cumplan las obligaciones de nuestros funcionarios de manera accesible, libre y transparente. Considerando las coyunturas actuales en Latinoamérica, países como Bolivia, Honduras y El Salvador sostienen brechas entre nuestros gobernantes, responsables de hacernos conocedores de sus gestiones y la ciudadanía, quien difícilmente se hace partícipe de las mismas.
La transparencia debe ser una herramienta prioritaria que permita a los ciudadanos del Estado investigar fácilmente y responsabilizar a nuestro gobierno de cómo gasta o invierte nuestro dinero, y cómo realiza la toma de decisiones que nos afectan a todos.
Hago referencia a Bolivia, Honduras y El Salvador, ya que en la última semana han surgido violaciones a los principios democráticos y atropellos de la voluntad popular mediante actos corruptos con poca o nula transparencia.
Bolivia, cuyo presidente, Evo Morales, busca nuevamente aferrarse al Poder Ejecutivo, violando su Constitución y la voluntad popular que el 21 de febrero de 2016, mediante un referéndum, estableció el rechazo a una nueva reelección. Morales es hoy responsable del daño político en Bolivia, comparado con Nicolás Maduro por sus engaños populistas que no consideran los intereses de la ciudadanía, ni comparte con ella las visiones y decisiones realizadas.
Bolivia ha seguido los pasos de Honduras, cuya Sala de lo Constitucional inaplicó la prohibición constitucional a la reelección presidencial en abril 2015. Desde el desarrollo de las elecciones generales el pasado domingo 26 de noviembre, su TSE ha sido incapaz de transparentar los resultados que establecen una competencia ajustada entre el presidente Juan Orlando Hernández y el opositor Salvador Nasralla. Como resultado, el país vecino actualmente navega por una coyuntura de extinción de las garantías constitucionales, saqueos a comercios, represión en las calles, muertos y heridos.
Honduras es ejemplo de la poca transparencia entregada por una institución estatal ante las exigencias del pueblo y las repercusiones que esto puede traer si se le niega.
Y luego está El Salvador, con la resolución que estableció a Mauricio Funes como el primer expresidente salvadoreño en ser condenado por enriquecimiento ilícito, junto a su hijo, Diego Funes, ambos ordenados a restituir al Estado $206,660.55 y $212,484.54, respectivamente, por no comprobar la procedencia de los mismos.
La poca transparencia del mandatario en su gestión pública resultó en cinco delitos adicionales por los cuales también está siendo investigado: enriquecimiento ilícito, malversación, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
El caso Funes es un hecho sin precedente e histórico. Por una parte, confirma que la corrupción puede ser hereditaria, que puede adherirse en quienes están en el poder o en quienes se benefician e influencian de él. Pero también demuestra que estamos fortaleciéndonos en la lucha contra la corrupción y defensa por la transparencia, compartiendo un mensaje que hoy emerge a los altos funcionarios: no todos se salvan de la impunidad.
La transparencia nos otorga como ciudadanos el derecho de que nos rindan cuentas en el uso del financiamiento público, que se esclarezcan los procesos administrativos, políticos, electorales, entre otros. Esta disponibilidad de información incluso puede ser de utilidad para tomar decisiones informadas en las urnas, pero se necesitan cambios reales para facilitar estos esfuerzos y una ciudadanía empoderada que lo exija.
Es nuestro tiempo para dejar los miedos y las faltas de voluntades para cambiar. El Salvador debe transicionar a un sistema de gobierno abierto que considere de primera mano la colaboración de la ciudadanía y respete su participación. De esta forma, se puede revelar tendencias a tiempo, demostrar errores que se han producido y ofrecer soluciones a problemas que los funcionarios del gobierno pueden no haber visto.
*Lourdes Argueta
Licenciada en Relaciones Internacionales