Editoriales

Un informe revelador…

En el caso hondureño se mezclaron la manipulación de la justicia constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, la mediocre –o maliciosa– actuación del TSE, la posible injerencia extranjera de los antiguos socios “isleños y suramericanos” del expresidente “Mel” Zelaya, la indiferencia de la sociedad civil.

Por Luis Mario Rodríguez

7 Diciembre, 2017

La Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a 82 observadores de 25 nacionalidades a las recientes elecciones hondureñas. En su informe preliminar la OEA señaló que los partidos hicieron traslado masivo de electores, situación que permite inducir la voluntad de las personas, compra de votos en tres departamentos, violación de la secretividad del sufragio en ciertos centros de votación y publicidad ilegal de las encuestas de “boca de urna” con anticipación al plazo que establece la ley; estos datos pueden divulgarse hasta dos horas después del cierre de las votaciones. Se vivió incertidumbre, falta de transparencia y vacío de información por parte de la autoridad electoral. Hubo problemas de coordinación logística y altos niveles de improvisación.

La misión de Observación Electoral (MOE/OEA) también indicó que Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla incumplieron el pacto “Declaración por la Democracia Hondureña”. Se trató de una iniciativa del organismo hemisférico para mitigar las ansiedades de los competidores y las primeras manifestaciones de violencia entre los simpatizantes de sus respectivas agrupaciones políticas.

El informe reveló que hubo transporte de maletas electorales sin custodia, que fueron abiertas sin respetar protocolo alguno y que algunas se recibieron incompletas y en otras faltaba el acta de resultados. La OEA advirtió además que el sistema de procesamiento de actas quedó detenido por diez horas. Este aspecto es relevante porque desde un inicio la contratación de la tecnología estuvo envuelta en fuertes controversias. Resulta que la empresa a la que se le adjudicó este servicio se sustituyó 30 días antes de la elección por “sospechas de su cercanía con el partido de gobierno”. Sobre este punto la MOE/OEA recomendó que es necesario determinar y contratar al proveedor que hará la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados con suficiente antelación y que los respectivos simulacros deben realizarse oportunamente.

La falta de independencia de la autoridad electoral y el cuestionamiento a la composición partidista de esta instancia fue otra de las graves objeciones de los observadores internacionales. Asimismo se delató la compra de credenciales en la integración de las mesas de votación y la deficiente capacitación de sus miembros a cargo de los partidos políticos. El registro electoral se sumó a la lista de reparos. Se criticó que mantiene a fallecidos como votantes activos y a personas que emigran, porque no se registran en el exterior y permanecen en el censo electoral. La misión propuso contar con un sistema de depuración y actualización permanente para mantener vigentes los registros.

En su declaración final la MOE/OEA expresó que “el estrecho margen de resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos no permiten a la misión tener certeza sobre los resultados”. Entre otras sugerencias se planteó verificar 5,174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, otorgar un plazo razonable para que los partidos interpusieran las impugnaciones de resultados debido al retraso que sufrió tanto el escrutinio ordinario como el especial, verificar la integridad del sistema de escrutinio y divulgación electoral, y esperar a que en un plazo de 30 días el TSE emita la declaratoria oficial del ganador del proceso. Igualmente censuró enérgicamente la pérdida de vidas como consecuencia del recelo y las sospechas que generó la pasividad del organismo electoral.

En el caso hondureño se mezclaron la manipulación de la justicia constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, la mediocre –o maliciosa– actuación del TSE, la posible injerencia extranjera de los antiguos socios “isleños y suramericanos” del expresidente “Mel” Zelaya, la indiferencia de la sociedad civil ante la manipulación de la institucionalidad, y la baja participación electoral, apenas un 58 % del padrón. Un factor adicional, propio de su sistema electoral, es que no existe la segunda vuelta presidencial, mecanismo que habría permitido una competencia entre los dos candidatos más votados por no alcanzar ninguno de ellos el 50 % más uno de los votos.

Varias de las circunstancias ocurridas en Honduras, si no es que la mayoría de ellas, se aplican, salvando las diferencias, a lo ocurrido en 2015 durante las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas. El árbitro electoral debe evitar que los procesos de 2018 y 2019 se transformen en una catástrofe que derive en una severa crisis política.

*Columnista de El Diario de Hoy

7 Diciembre, 2017

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Luis Mario Rodríguez

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