El término instituciones es utilizado acá en un sentido amplio, como el conjunto de leyes, reglamentos, normas, entidades que hacen cumplir esas normas, su imparcialidad, la transparencia y obligación de rendir cuentas. Todos esos son atributos que definen las instituciones de un país y el comportamiento de los ciudadanos, si estarán motivados a aportar valor a la sociedad o si, por el contrario, orientarán sus esfuerzos a conseguir acuerdos con el gobierno para explotar una determinada actividad.
De acuerdo con James Robinson y Daron Acemoglu, las instituciones de las naciones pueden ser de dos tipos: inclusivas o extractivas, en el sentido de ser creadas para promover e incentivar la participación de los ciudadanos en beneficio de toda la sociedad o si más bien han sido creadas para acrecentar el poder de los políticos en el gobierno y sus allegados, privilegiando a unos pocos a costa de extraer el valor de todos los demás.
Las instituciones inclusivas son aquellas que crean incentivos y oportunidades a los individuos para ir a la escuela, sin miedo a la delincuencia, para continuar estudiando en la universidad, para ahorrar dinero y establecer un negocio o comprar una casa, para innovar, registrar patentes o adoptar mejores tecnologías, en fin, para realizar actividades que tienen como efecto aumentar el valor de la sociedad mientras el individuo prospera en lo personal.
Las instituciones inclusivas también pueden llamarse democráticas, porque el poder de éstas reside en los ciudadanos para beneficio de los ciudadanos. Si los funcionarios que están gobernando abusan del poder para beneficio de ellos, entonces los ciudadanos tienen la posibilidad de removerlos y nombrar a otros que sean más competentes.
Las instituciones extractivas, por otro lado, son aquellas leyes, normas y entidades que motivan al individuo a hacer negocios a través de compadrazgos con los políticos de turno, es decir, a establecer arreglos bajo la mesa con los funcionarios que controlan las instituciones y que tienen el poder de aplicar esas normas bajo su propia discreción.
Estas también pueden llamarse instituciones dictatoriales, pues han sido creadas para dar todo el poder a los políticos de turno y su círculo íntimo, para beneficio de ellos o de su partido, pero no de la población.
En El Salvador es necesario mejorar el diseño de las instituciones económicas y políticas, para lograr que los ciudadanos generen riqueza y prosperidad para la sociedad, así como también es necesaria la independencia e imparcialidad de las instituciones para que el poder político no sea capturado por unos pocos, sino que resida en los ciudadanos, de manera que ellos en cualquier momento tengan la posibilidad de sustituir a los funcionarios corruptos e incompetentes y exigir que se cambien las normas que no les benefician.
Sin normas claras que contengan incentivos para motivar a los empresarios a invertir y ser competitivos no se generará el crecimiento económico que el país necesita, ni los empleos necesarios, ni las recaudaciones tributarias que hagan posible invertir en áreas sociales, por lo que jamás será posible superar la pobreza.
Y sin instituciones democráticas no será posible mantener un sistema que responda a los ciudadanos, pues hacer llegar los beneficios creados por los individuos a toda la población requiere de un sistema político que funcione para representar a todos los ciudadanos.
Por eso se hace crucial que exista una sociedad civil bien organizada y que en determinado momento haya un gobierno eficaz, no clientelista, que promueva los cambios en las instituciones, no pensando en seguir gobernando, sino en cómo dejar al país el legado de una verdadera democracia.
*Colaborador de
El Diario de Hoy.