Los diputados del partido ARENA tienen buen rato de abogar por la creación de una ley de registro nacional de pandillas. El proyecto se ha vendido como una solución mágica al problema de inseguridad que vive el país. El argumento central de quienes la impulsan es que la normativa permitirá a los jueces establecer la pertenencia de personas a dichos grupos y, en consecuencia, facilitar su detención y condena. La medida suena atractiva, especialmente para quienes viven en barrios en los que mandan las pandillas. Los policías, en esencia, podrán capturar a pandilleros solo por ser pandilleros, los jueces tendrán acceso a un banco de datos en el que podrán corroborar si, en efecto, las personas remitidas son pandilleros y, finalmente, condenar a los que aparezcan en el registro.
He escuchado que algunas personas comparan el registro propuesto por los diputados de oposición con las “gang injunctions” estadounidenses. Aunque hay algunas similitudes, también hay marcadas diferencias de fondo y forma. Las “gang injunctions” son órdenes judiciales solicitadas por departamentos de policía estadounidenses. Los jueces giran órdenes en las que establecen prohibiciones a pandilleros específicos o una pandilla completa dentro de una circunscripción geográfica definida. Las prohibiciones puntuales son solicitadas por la policía e incluyen cosas como no aglomerarse en público, no transitar en las calles después de cierta hora, no usar vestimenta de cierto tipo, entre otras. Los pandilleros que violan lo establecido en las órdenes judiciales pueden ser detenidos por la policía. Esta parte es la que coincide con la ley propuesta por los diputados de ARENA. En ambos casos los pandilleros pueden ser capturados por violar una prohibición fácil de comprobar.
Las investigaciones criminológicas que han analizado el impacto de las “gang injunctions” plantean resultados que debemos de tomar en cuenta al calibrar nuestras expectativas en relación a la ley propuesta por ARENA. Aunque algunos estudios atribuyen modestas reducciones en la incidencia delincuencial a la implementación de las “gang injunctions”, otros presentan resultados contradictorios. Investigaciones más recientes indican que esta diferencia se debe al enfoque de las “gang injunctions” y las particularidades de las pandillas a las que se les aplican. Otros estudios sugieren que este abordaje limita el impacto de intervenciones de carácter preventivo, necesarias para asegurar la sostenibilidad de cualquier reducción lograda a través de medidas disuasivas. También hay investigaciones que indican que las órdenes judiciales propician una transformación en los patrones delictuales de las pandillas, sin obtener necesariamente reducciones significativas en los índices criminales.
Existe un consenso generalizado entre criminólogos, que es necesario seguir investigando el impacto de medidas de este tipo para entenderlas mejor. Simplemente no se sabe lo suficiente sobre esta clase de abordaje para asegurar de forma categórica que tendrá un impacto positivo. Es necesario ser cauteloso al hablar sobre este tema y lo que deben esperar los salvadoreños de la posible aprobación del registro nacional de pandilleros.
La ley propuesta por ARENA no resolverá el problema por sí sola. Venderlo así es irresponsable. Un mal diseño puede tener efectos desastrosos para el país. Los políticos y analistas tienen que ser más prudentes al proponer medidas para reducir la criminalidad. No deben explotar la desesperación de los ciudadanos que viven bajo el yugo de las pandillas, vendiendo soluciones mágicas al problema. Crear falsas expectativas sin tener la certeza de los resultados que se prometen es condenable.
*Criminólogo
@_carlos_ponce