Los pactos legislativos y el voto informado

Una alternativa concreta para recuperar la creencia en los partidos es la de promover pactos sobre temas estratégicos que transformen el rostro de El Salvador. México lo comprendió así en 2012, cuando regresó al poder el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Por Mirna Navarrete

22 November 2017

El país se encamina aceleradamente a las legislativas y municipales de 2018. Lo hace en un entorno nacional e internacional en el que los actores políticos no cuentan con la confianza de los ciudadanos. La única forma de revertir esa tendencia es demostrando efectividad en el ejercicio del poder. La insatisfacción continuará incrustándose en la conciencia colectiva si faltan resultados concretos que impacten positivamente a los habitantes. Las repercusiones del desagrado social que envuelve a la política podrían desalentar la participación electoral.

Una alternativa concreta para recuperar la creencia en los partidos es la de promover pactos sobre temas estratégicos que transformen el rostro de El Salvador. México lo comprendió así en 2012 cuando regresó al poder el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, ahora venido a menos por los escándalos de corrupción y la falta de rigor en la investigación del asesinato de los alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa, suscribió un gran acuerdo nacional que incluyó trece reformas, la mayoría de éstas constitucionales, en el que las grandes protagonistas fueron las organizaciones partidarias.

El “Pacto por México” trascendió internacionalmente. Reformó las telecomunicaciones, el ámbito educativo, el sistema político y electoral, la competencia económica, la recaudación fiscal, el derecho de acceso a la información pública, la disciplina financiera del Estado, la legislación penal y la de carácter laboral, el acceso al crédito y la protección de los derechos humanos. Su implementación fue “dolorosa” y ciertos sectores perdieron privilegios que habían acumulado durante décadas a costa del erario público. Ahora los diputados y las autoridades locales se someterán al escrutinio de la gente porque existe la posibilidad de la reelección, mecanismo idóneo para exigir cuentas a los representantes elegidos por el voto popular.

“Si la esencia de la política es negociar, pactar es gobernar. Las fuerzas políticas no pueden, no deben dejar de intercambiar nuevas propuestas, escuchar impresiones, identificar coincidencias, precisar diferencias, realizar cesiones y construir acuerdos, sin dejar de privilegiar los consensos cuando sean posibles”. Así lo expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en México en el prólogo del libro escrito por Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y Juan Carlos Amador, Director General de Publicaciones del Senado de la República, en su obra “La concertación política en contextos de democracias fragmentadas: el caso del pacto por México”.

Los autores aciertan cuando exhortan a los institutos políticos, sin importar la tendencia ideológica que los caracterice, a buscar entendimientos.

La inminente finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS), los niveles alarmantes de homicidios y extorsiones, la presión fiscal por el alto endeudamiento público y la posibilidad de sufrir un revés en la independencia funcional de los titulares de la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, son causa suficiente para que las ofertas de los candidatos y partidos incluyan la firma y ejecución de convenios legislativos que garanticen la aprobación de leyes y reformas a normativas existentes como núcleo central para la atención de esos graves asuntos.

El papel de los electores es igual o más relevante que el desempeñado por los políticos. Se necesita de una ciudadanía activa que exija el debate de los aspectos mencionados en el párrafo anterior y deseche por completo el populismo. El voto informado es una resistente trinchera en contra de esa epidemia que recorre el mundo entero y que se vale de la promoción de la imagen de los candidatos y de los “eslogan” de campaña para evadir la controversia de las cuestiones esenciales que contribuyen al desarrollo nacional.

Sin contraloría social y con un escaso conocimiento de las propuestas legislativas se alienta el flagelo de la antipolítica en el que la discusión de fondo es sustituida por frases cortas, de tinte publicitario, con las que es muy difícil conocer el credo y los ideales de los aspirantes a diputados. Enterarse de las iniciativas que pretenden impulsar los futuros legisladores y darse cuenta de su posición sobre materias sensibles nos permitirá tener una mejor y más responsable Asamblea Legislativa.

*Columnista de

El Diario de Hoy.