La corrupción política y estatal es un problema endémico en El Salvador. Esta se oculta en todos los órganos del Estado y desconoce barreras partidarias e ideológicas. Encanta a funcionarios públicos sin importar su jerarquía, comenzando, en repetidas ocasiones, por el más alto de los cargos. Es un vicio que arrasa con todo obstáculo que se le presenta y pisotea las leyes que mantienen la integridad de toda república. Asimismo, ejemplifica cómo, en El Salvador, se ha perdido un pilar fundamental de toda nación libre: la virtud.
El pensador político francés Barón de Montesquieu argumenta en su obra “El Espíritu de las Leyes” que el funcionamiento de un Estado popular, a diferencia del de uno despótico y monárquico, “necesita un resorte más, y este es la virtud”. Establece que en el mismo se requiere más virtud que en cualquier otro, ya que “el que hace ejecutar las leyes” debe comprender “que está sometido a ellas”. Sin embargo, para Montesquieu, “cuando cesa la virtud”, la ambición y avaricia “entran en los corazones que pueden recibirla” y los hombres que “eran libres con las leyes” ahora “quieren serlo contra ellas”. Lo que “era regla” se convierte en “traba” y el bienestar del ciudadano un obstáculo al del funcionario. Es por esto que, “antes, la fortuna de los particulares formaba el tesoro público; ahora, el tesoro público es patrimonio de los particulares”.
Las palabras del pensador político francés poseen un eco profético en cuanto a la realidad nacional. Es más sorprendente aún el hecho de que su doctrina sea contemplada y a la vez ignorada en la Constitución de la República. Los artículos 126, 151 y 160 establecen como requisito para ser Diputado, Presidente y Ministro de Estado, respectivamente, que el servidor público sea de notoria “instrucción”, “honradez” y/o “moralidad”. No obstante, dos expresidentes están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y el panorama en la Asamblea Legislativa y el Gabinete de Estado no es del todo diferente. Si bien es cierto que es difícil establecer parámetros para medir dichos requisitos, todo ser humano, mediante la razón, posee un código moral universal en cuanto al respeto ajeno y el servicio público se refiere; un código moral que la constitución sutilmente invoca. Por ende, la virtud es esencial para que el experimento de una república democrática funcione.
En varias ocasiones se tiende a equiparar la falta de virtud únicamente con la corrupción a nivel de enriquecimiento ilícito y nepotismo. Sin embargo, la virtud está presente en las prácticas más cotidianas de todo funcionario; en la manera de tratar al prójimo, el respeto a los principios democráticos y, especialmente, en la forma de interactuar con aquellos individuos que poseen opiniones y posiciones distintas a las de uno. Atacar a la libre prensa por exponer el mal manejo de las finanzas públicas, el denigrar verbalmente a un colega por pensar diferente y el narcisismo, la charlatanería, prepotencia y falta de humildad, son ejemplos básicos de la falta de virtud en una persona.
Imaginarse una nación donde la virtud prevalezca sobre las fuerzas de la corrupción es, lastimosamente, un tanto idealista. Siempre habrá individuos incapaces de resistir las tentaciones de este problema endémico. No obstante, muchos de éstos llegarán a posiciones de poder a través del voto y consentimiento de la población. Es, por ende, la responsabilidad cívica del ciudadano honrado ser cuidadoso al elegir a sus gobernantes. Asimismo, si éstos desarrollan sus gestiones sin virtud alguna, el ciudadano no debe de apoyar su reelección, y si han cometido crimines, debe exigir que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Solo así dejaría de ser la República, tal como dijo Montesquieu, “un despojo…reducida su fuerza al poder de algunos ciudadanos y a la licencia de todos”.
*Colaborador de El Diario de Hoy.