Las últimas investigaciones de la Fiscalía General de la República han puesto entre la espada y la pared a diversos exfuncionarios y sus amigos. Y han revelado, sobre todo, el uso personalista que se le ha dado al gobierno y a las instituciones estatales. Muchos funcionarios optaron a un cargo público para aprovecharse de su posición, usando a conveniencia la maquinaria estatal e involucrándose en el mal uso de bienes públicos, la contratación de familiares o de allegados sin capacidad ni mérito, el desvío de dinero y la corrupción.
De la nada, en las narices de las instituciones controladoras y supervisoras, muchos se han hecho ricos a costa del erario, realizando acciones cuestionables sin que suene ninguna alarma de sospecha. En días pasados se sumó al listado de acusados el expresentador de televisión Jorge Hernández, señalado de lavado de dinero por alrededor de ocho millones de dólares durante la administración del expresidente Saca. En un país complicado para empresarios, Hernández presuntamente logró acumular mucho dinero en poco tiempo, sin que ninguna institución sospechara nada.
Así pasan las cosas en El Salvador, de la nada y sin que nadie diga algo. Instituciones como el Ministerio de Hacienda pasan dormidas en el combate de elusión y evasión fiscal; guardan silencio al evaluar la tributación de una persona o empresa con operaciones sospechosas, que mueven grandes cantidades de dinero sin justificar cómo lo obtuvieron, pero exprimen a los honestos que llevan en orden sus asuntos.
¿Dónde está la Superintendencia del Sistema Financiero en su rol de supervisor de la transparencia y prevención de lavado de dinero de las distintas instituciones financieras? Las alarmas de los bancos se mantuvieron apagadas mientras que en sus adentros se mueven millones de dólares de manera sospechosa, obviando la aplicación de leyes sobre lavado de dinero. La responsabilidad de combatir la corrupción compete primero al Estado, pero no es labor exclusiva; todos aquellos que tengan algún tipo de conocimiento de que se está cometiendo algún ilícito, incluidos los bancos, están en la obligación de informar a las autoridades competentes. Esto no ha pasado en el país.
Y qué decir de la Corte de Cuentas de la República, institución prácticamente ausente durante las últimas tres décadas en la supervisión de las finanzas del Estado. Al expresidente Saca se le acusa de desviar más de doscientos millones de dólares provenientes de fondos públicos, ¿cómo es posible que nadie sospechara de faltantes en el Presupuesto de la Nación y que la Corte de Cuentas tuviera la osadía de entregarle un finiquito a un par de días de dejar el cargo? En el país sigue sin supervisarse a cabalidad la ejecución del presupuesto, a pesar que el artículo 195 de la Constitución establece que es la principal labor de la Corte de Cuentas.
En El Salvador hemos tenido arraigada la cultura del silencio y encubrimiento sobre las malas acciones de los funcionarios. Tenemos conocimiento que alguien actúa de manera ilícita y lejos de denunciar, preferimos callar, perpetuando así la espiral de corrupción. Este silencio también contribuye a la impunidad y a la normalización de conductas que deberían estar vetadas en la sociedad.
Ahora personas como Saca y Hernández enfrentarán a la justicia en los tribunales, pero también hay que poner el ojo en el funcionamiento de las instituciones de control. Estas no pueden encontrarse dirigidas por personas a quienes se les otorga el cargo con base en el amiguismo o la repartición de cuotas partidarias. La Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen que comprometerse con el combate a la corrupción y la mejor forma de hacerlo es seleccionar funcionarios bajo criterios de mérito y moralidad notoria, que realicen dignamente la labor asignada.
La corrupción, mala administración, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito no pueden pasar en nuestras narices, como si nada. Las instituciones están para combatir la corrupción, no para volverse cómplices.
*Columnista de El Diario de Hoy.