La discordia de la ley general del agua

La administración del ente regulatorio debería estar en manos y ser responsabilidad de expertos técnicos, especialistas en materia hídrica interesados en que las cosas funcionen bien con equidad y que garantice balance, justicia y seguridad del recurso.

descripción de la imagen

Por Elizabeth Castro

16 November 2017

Es lamentable que un recurso que todos los salvadoreños necesitamos y que debería de ser accesible para toda la población esté siendo utilizado para seguir dividiendo o para sembrar odio entre hermanos cuando más deberíamos estarnos uniendo para tratar de solucionar la crisis social, económica, moral y política actual.

Todos estamos de acuerdo con que se debe de trabajar para llevar agua potable a todas las familias, pero sabemos que no será fácil pues falta en algunos lugares.

En El Salvador llueve 6 meses del año; en realidad no debería de haber escasez siendo el país número 39 más lluvioso, y lo que esto demuestra es que lo que hay es desperdicio. En algunos países donde realmente hay carestía, la gente sale a mojarse y bailar en el agua cuando alguna vez llueve. En cambio, acá buscamos donde refugiarnos para que no nos lleve la correntada. Teniendo un buen diagnóstico se puede buscar una solución adecuada, efectiva, eficaz y duradera. Si hay suficiente agua, ¿qué vamos a hacer para que no se desperdicie y se pierda?

Hay tomas aéreas que muestran cómo quebradas sucias lavan gran cantidad de tierra fértil que se erosiona y se pierde, ríos color café que entran kilómetros adentro del mar. Cada vez tenemos que traer desde lejos el agua para abastecer las ciudades porque no hay suficiente agua en los mantos acuíferos cercanos para la demanda actual. Sin embargo, de toda el agua que se bombea del Lempa para San Salvador, entre 40 y 50 % se pierde por fugas en tuberías, cañerías rotas sin mantenimiento desde hace años. Esto no solo causa desperdicio sino cárcavas y hundimientos de calles que cuestan millones para reparar y que ponen en peligro las vidas de personas.

Hasta el momento quienes administran este recurso son instituciones gubernamentales como Anda, alcaldías y asociaciones de desarrollo comunal, las cuales obviamente son reguladas y controladas por gobierno.

Por tanto, una ley de este recurso debería de ser al menos orientada en tres sentidos:

1. En incentivos que motiven la inversión para cosechar y producir agua, cuidando los mantos acuíferos del subsuelo que conserven y recolecten más y mejor el agua o construyendo obras de infraestructura que eviten el desperdicio como la pérdida o erosión de los suelos fértiles, cosa que casi nunca se contemplan en las propuestas de políticas.

2. Deberían exigir responsabilidad por parte las administradoras públicas de agua que invirtieran en la infraestructura necesaria para evitar el desperdicio y la fuga de las tuberías que llevan agua a hogares.

3. Deberían buscar un método eficiente para lo que hasta el momento ha sido un problema se convierta en una potencialidad y ventaja competitiva de país.

Si bien es necesario poner sanciones al que desperdicie y mal use el agua y se debe pagar por esto, la ley debería buscar o regular todos los demás aspectos y no en que sea el espíritu sancionatorio expropiatorio el que predomine. No es conveniente ni debería estar totalmente controlado por el Estado ni mucho menos ser politizado ni utilizado como arma ideológica o electoral.

La administración del ente regulatorio debería estar en manos y ser responsabilidad de expertos técnicos, especialistas en materia hídrica interesados en que las cosas funcionen bien con equidad y que garantice balance, justicia y seguridad del recurso. Este tema es una buena oportunidad que no debemos desperdiciar para poder trabajar por el bien común con respeto y armonía.

*Columnista de El Diario de Hoy.

Master en Desarrollo Humano

Master en Asesoramiento Familiar