La designación de los presidenciables debe ser el resultado del voto secreto de la militancia. Esta condición, que deriva de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pasa por el establecimiento de un procedimiento interno en los partidos que asegure la total transparencia en el conteo de los votos y en el procesamiento de los resultados.
A diferencia de los comicios celebrados en la historia reciente de El Salvador, en los que las cúpulas partidarias señalaban al “ungido” y donde la “mano alzada” era el método empleado para “escuchar la voz” de los militantes, por primera ocasión serán estos últimos los que, en reserva total, decidirán quién los representará en la competencia por el Ejecutivo durante el 2019.
Si falla la secretividad del voto fracasará la elección interna y sobrevendrá la crisis en el respectivo instituto político. El Tribunal Supremo Electoral no podría inscribir al precandidato ganador y éste se quedaría fuera de la contienda presidencial.
La protección de la identidad de los electores y del sentido de su voto blinda a todos aquellos que podrían sentirse amenazados por haber ofrecido su apoyo, voluntaria o involuntariamente, a determinado precandidato. En 2008, cuando se celebró el proceso para designar al candidato del entonces partido de gobierno, algunos de los altos dirigentes se distribuyeron en los catorce departamentos de tal forma que los afiliados votaron “a viva voz” bajo la mirada desafiante de quienes tenían la potestad de terminar con su carrera política o de despedirlos si ocupaban un cargo en una institución pública.
No obstante esa intimidación, decenas de integrantes de las juntas municipales respaldaron a precandidatos diferentes al bendecido por el presidente de turno. Este gesto fue interpretado como una muestra de “indisciplina” de las directivas cuando en realidad era una clara manifestación de la “sabiduría” de los hombres y mujeres que intuían una clara derrota si se imponía al candidato presidencial. Y precisamente eso fue lo que ocurrió.
La historia no fue muy diferente en el principal partido de izquierda. En su caso imperaba el verticalismo y los procesos internos no eran más que fachadas para demostrar que el “elegido” había competido por la nominación. Se sabía que la disciplina superaba a cualquier intento de insubordinación y que el castigo ante todo atisbo de rebeldía era la expulsión. Es más, en 2009 y en 2014 la dirigencia acordó nombrar al aspirante presidencial en una asamblea general en la que también la “aclamación” sustituyó al voto secreto.
Adicionalmente las comisiones electorales nacionales deben cuidar que no se incumplan las normativas que rigen las elecciones internas. Es necesario prohibir el “clientelismo político” que puede ser utilizado por los precandidatos para afianzar el voto de los simpatizantes a cambio de prebendas u otro tipo de “ofertas”. Además se requiere vigilar las expresiones de apoyo fuera del período fijado para la campaña interna.
Aún y violentando estas restricciones reglamentarias, comportamiento que merece ser sancionado, la militancia puede votar libremente por la opción que prefiera y que considera como el mejor oponente frente al resto de competidores de los otros partidos. Nadie le vigilará al momento de marcar la papeleta ni estará en peligro su futuro político o su empleo.
Por otra parte, los precandidatos en los distintos partidos tienen que debatir. Esta es la única manera de comparar las capacidades, aptitudes y visión de país de quienes pretenden gobernar. Una gira nacional por los departamentos en la que cada quien exponga su propuesta contrastándola con la del resto de participantes es saludable para elegir al más calificado.
Este ejercicio permitirá a los militantes, en su calidad de ciudadanos, y a quienes no pertenecen a ningún partido, conocer los planes y proyectos de los precandidatos para solucionar los problemas locales. También es conveniente una discusión sobre temas trascendentales como el de la seguridad pública, la situación fiscal, la continuidad en el combate a la corrupción, la modernización del Estado y el respeto a la libertad de expresión, los derechos humanos y la independencia de los Órganos fundamentales del Estado.
El filtro que imponen las “primarias” es positivo. Democratiza el poder al interior de los partidos.
*Columnista de El Diario de Hoy.