Como era previsible, estamos a menos de cuatro meses de las cruciales elecciones de 2018 y todavía es incierto que las Juntas Receptoras de Votos vayan a tener el acompañamiento tecnológico indispensable para hacer su trabajo con agilidad y transparencia. Tampoco sabemos con qué herramientas contaremos para la transmisión de los resultados. De hecho, a menos que suceda algo extraordinario, los problemas que llevaron al caos de 2015 no solo estarán lejos de haberse corregido, sino que se habrán complejizado a niveles tanto o más inmanejables.
Desde finales del año pasado se pidió al TSE que apresurara los trámites para adquirir los dispositivos que, ya se sabía, iban a necesitarse en las mesas. Pero los magistrados se enfrascaron en la excusa de una donación de escáneres coreanos y se tardaron casi un año en lanzar la licitación destinada a garantizar la adecuada tecnología. A resultas de este asombroso, inexplicable y exasperante tortuguismo, todo, absolutamente todo puede pasar en marzo próximo, menos que tengamos unos comicios sin incidentes.
¿Por qué se permitió que las cosas llegaran a este deplorable estado? ¿Qué razones hubo detrás de la increíble pasividad de los principales partidos de oposición, que dejaron al TSE obrar a su antojo? Aparte de FUSADES, la Cámara de Comercio, Aliados por la Democracia y DECIDE, ¿quiénes más debieron ser enérgicos en la denuncia de todas las anomalías que se han venido registrando de cara a las elecciones que vienen?
Demasiadas preguntas que nadie querrá contestar en estos momentos, pero a las que irremediablemente habrá que volver el 5 de marzo de 2018, cuando los medios de comunicación empiecen a dar cuenta de lo ocurrido en la jornada electoral del día anterior. Porque lo previsible hoy es que el proceso de conteo de votos tendrá complicaciones innecesarias, un porcentaje respetable de Juntas Receptoras no podrá lidiar con las operaciones aritméticas y el TSE se verá imposibilitado de ofrecer resultados confiables en las horas siguientes al cierre de los centros de votación.
Todo lo anterior, claro está, pudo haberse evitado. Incluso si por un giro milagroso llegáramos a tener dispositivos en cada mesa receptora y la transmisión de resultados fuera impecable, seguiría siendo poco justificable el hecho que compañías coreanas resultaran favorecidas con una porción del “pastel” electoral sin haberse sometido a licitación, o que ofertas tecnológicas modernas —que nos hubieran ahorrado el uso de escáneres o la “maquila” de datos en el CNPRE— no se tomaran en cuenta para preparar unas elecciones tan complejas. La cojera, pues, con la que nos dirigimos a marzo de 2018 no va a desaparecer, y luego del evento habrá que hacer una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido.
Pese a la enorme displicencia del TSE y de los partidos políticos, lo que queda es pedirle a la ciudadanía que no premie tanta mediocridad con su ausencia en las próximas elecciones. Por el contrario, hoy es cuando más sentido tiene acudir a las urnas, porque únicamente los votantes que cumplen con su deber pueden luego exigir a las autoridades que respeten y hagan valer su decisión soberana.
Decía Adolfo Suárez que ninguna elección resuelve por sí misma problema alguno, pero constituye el paso previo y necesario para que las soluciones aparezcan. Quienes renuncian a ejercer el sufragio no quedan excluidos, por supuesto, de ejercer la demanda de buen gobierno que cualquier ciudadano hace a toda autoridad constituida; el dilema es que el peso moral de esa demanda ya ha sido puesto en manos de otros.
Encogerse de hombros ante la decisión de consolidar su papel protagónico en una democracia ha sido, es y será siempre un pésimo negocio para los pueblos. Ni los malos liderazgos políticos ni los comportamientos sospechosos de los funcionarios electorales disculpan a nadie de su responsabilidad histórica. Votar es el mejor punto de partida con que cuenta el ciudadano para hacer valer sus derechos. La indiferencia solo produce gobiernos frívolos o despóticos.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy