Editoriales

Uber

El sistema de Uber no es ilegal, sino que nuestra legislación no camina acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías y estas cuestiones no han sido normadas en aspectos básicos, como los permisos para operar.

Por Erika Saldaña

12 Noviembre, 2017

El Salvador es un país complicado para inversionistas. Y, esta vez, para la innovación y las nuevas tecnologías. Esto quedó claro con la advertencia del viceministro de Transporte a la gente, a quienes pidió que se abstuvieran de usar el servicio de transporte mediante la aplicación Uber; amenazó también a sus conductores con multas y decomiso de sus vehículos. Lejos de buscar soluciones a los problemas de transporte, pareciera que el VMT tiene la brújula orientada en generarlos.

En El Salvador los problemas de transporte público son complejos. No tenemos un sistema que ayude a la población a hacer más llevaderos sus días. La mayoría de los buses son viejos, en mal estado y son contaminadores sobre ruedas; el problema se agudiza con la salvaje competencia que existe entre las rutas para ganar pasajeros. Esto causa malos tratos, accidentes y hasta muertes. Uber, para algunos, es una alternativa ante las pobres opciones de transporte público.

Uber es gente ayudando a gente a vivir la vida y a ganarse la vida, es economía colaborativa. Es decir, una persona necesita transportarse hacia un lugar y otra está dispuesta a ofrecerle el servicio, y ambas se conectan por medio de una aplicación instalada en el teléfono. Quien solicita el servicio recibe en su pantalla el nombre de la persona que la llevará, el número de placa del automóvil y el rango de precio que se le cargará a su tarjeta por el viaje. El servicio es más barato que un taxi tradicional y los conductores han sido sometidos a un proceso de selección para lograr su título de conductor.

El servicio que brinda Uber no es ilegal, simplemente los servicios de economía colaborativa no se encuentran regulados en nuestras leyes. La Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial divide el servicio de transporte entre: a) colectivo de pasajeros (buses, microbuses y otro tipo de vehículos), que a su vez se divide en servicios públicos y servicios de oferta libre, cuya característica es trasladar pasajeros de un punto a otro sin realizar paradas; y, b) selectivo de pasajeros (taxis). Uber funciona con un sistema de intermediación mediante plataforma digital, con lo cual es difícil encajarlo en alguna de las anteriores opciones.

Los abogados sabemos algo básico del Derecho y la libertad, lo cual la gente también debe saberlo: si algo no está prohibido, entonces está permitido. El sistema de Uber no es ilegal, sino que nuestra legislación no camina acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías y estas cuestiones no han sido normadas en aspectos básicos, como los permisos para operar. Durante muchos años el gobierno no ha sido capaz de solventar el problema del transporte público, por lo que resulta inconcebible que cuando se presenta una opción viable, esta pretenda ser restringida sin mayor análisis y con un exabrupto del viceministro.

El trabajo en conjunto del Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y las instituciones que promueven la inversión (por ejemplo, Proesa) debe ser establecer un marco legal que permita el desarrollo de este tipo de servicios de economía colaborativa. La legislación debe modernizarse y abarcar los aspectos fundamentales, sin que esto se traduzca en una multiplicación de trámites que echen a perder los beneficios, tales como el bajo precio, eficiencia, seguridad y confort.

La actitud del viceministro de Transporte no es la de un funcionario comprometido con solventarle problemas a la ciudadanía. Sus declaraciones afectan a quienes enfrentan el desempleo, ganándose la vida o complementando su salario como conductores de Uber. Esto es un retroceso también para los que ahora tenemos una opción barata y segura de movilizarnos.

El viceministro debería estar enfocado en asegurar medios de transporte dignos para todos los salvadoreños, en mejorar la circulación de vehículos y reducir la contaminación en la ciudad. Una de las labores del Estado es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, no arruinar mediante leyes algo que le funciona bien a la gente; tampoco dejar sin trabajo a muchas personas por acciones restrictivas y arbitrarias de algunos de sus funcionarios. Uber sí es una fábrica de empleos.

*Columnista de El Diario de Hoy.

12 Noviembre, 2017

Acerca del Autor

Erika Saldaña

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