Distintos incidentes suscitados en días recientes indican que es necesario que las autoridades acepten que las cosas se han salido de su control. El irresponsable abordaje del problema nos ha traído a esta penosa situación. Necesitamos cambiarlo. Esto es difícil hacerlo bajo el actual esquema en que los intereses políticos, partidarios y particulares están antes que los de la ciudadanía. No reconocer que la crisis ha sobrepasado la capacidad del Estado y, además, no cambiar lo que nos ha traído hasta acá mantendrá a El Salvador en este mismo camino. Esto simplemente no es opción.
Solo en la última semana el país ha registrado varios homicidios múltiples en los que las víctimas son familias enteras. El grado de violencia ha llegado a niveles impensables, en donde no se perdona ni a niños inocentes, asesinados con lujo de barbarie. Hasta la fecha, en el año se reportan 40 homicidios de policías. Sin embargo, es cada vez más común que los grupos criminales ataquen a familiares de efectivos policiales. El asesinato del agente Walter Antonio Guardado, junto a su esposa e hija de cuatro años, ilustra con vehemencia la complejidad de la crisis.
He utilizado este espacio en diversas ocasiones para exponer la difícil situación que experimentan los policías y sus familias. En 2014, por ejemplo, después de que las pandillas asesinaran cobardemente a Johnny Stanley Rivas Martínez, agente de la Unidad del Mantenimiento del Orden, escribí una columna titulada “El poderoso rugido de un héroe”. En ella argumenté que la muerte del destacado policía debía ser interpretada como un sonoro rugido que llamara la atención de los salvadoreños y nos convenciera de la imperante necesidad de despojarnos preferencias ideológicas para unirnos en exigir al gobierno el abordaje inteligente y técnico de la inseguridad.
Lamentablemente, esto no sucedió. La situación empeoró. Hemos llegado al extremo en que los pandilleros no muestran misericordia ni a los hijos de los policías en su afán por agenciarse una posición ventajosa en su interacción con el Estado.
Los policías tienen buen rato de sentirse abandonados y de vivir las consecuencias del desinterés y la incapacidad de las autoridades para manejar la crisis. La semana pasada los reclamos de los más afectados, los policías del nivel básico, fueron más explícitos y visibles. Un grupo de policías se manifestó en las cercanías del cuartel central de la PNC y, utilizando un megáfono, exigieron y retaron directamente al director general, Howard Cotto. También acusaron abiertamente de corrupción a los altos mandos. Esta acción no tiene precedentes. Es un indicador de la magnitud de la crisis y de la falta de capacidad que existe en el aparato de seguridad para manejarla.
Bajo el esquema actual, los funcionarios de seguridad no son seleccionados por su trayectoria, capacidad o formación. La lealtad al partido oficial es el requisito principal que deben satisfacer las personas que pretenden estar al frente de la seguridad. Esta condenable práctica ha permitido que el manejo del aparato de seguridad se concentré en satisfacer los intereses de un reducido grupo, en detrimento de los de la ciudadanía. Así es como el país se ha convertido en esta jungla, en donde los más vulnerables tienen que buscar la forma de sobrevivir los terribles peligros presentes en la realidad cotidiana de los lugares en los que viven y trabajan.
Salir de esta crisis requiere aceptar que el problema se ha salido de control, que el abordaje actual está equivocado y que necesitamos personas idóneas para liderar la transición a uno nuevo. Sin que exista apertura del gobierno para dar estos pasos, seguiremos en lo mismo.
*Criminólogo
@_carlos_ponce