Sigue impresionando que personajes públicos salvadoreños, varios de ellos funcionarios de distinto nivel en gobiernos anteriores de hace algunos años, estén cuestionados y enjuiciados, algunos de ellos en la cárcel, otros embargados por la justicia y uno hasta “asilado” en Nicaragua. Esta semana uno de los expresentadores de televisión en los últimos años ha sido detenido, no por “apropiación” de los fondos de pensiones de sus trabajadores (juicio en proceso) sino por supuesto “lavado de dinero”.
Un locutor y presentador de un programa de televisión popular ha estado en prisión acusado de delitos privados; probablemente y si paga la fianza podrá seguir siendo juzgado en libertad. Un grupo de exfuncionarios, acusados de enriquecimiento ilícito entre otros delitos, deberá enfrentar juicio en las próximas semanas luego de meses de largas investigaciones y de idas y venidas de abogados y fiscales que están en férrea lucha legal.
Para ser claros, se habla de tres expresidentes de la República, varios ministros o funcionarios de algo alto nivel, varios empresarios y por supuesto no solamente ha tocado el pasado de ARENA sino que comienza a salpicar, aunque todavía no en los juzgados, a funcionarios de los gobiernos de izquierda del FMLN.
Todos los implicados, que en esta nota no se identifican pero que todos sabemos quiénes son, han sido “juzgados” previo a un juicio legal, no por los medios de comunicación, sino por la misma opinión pública que “ha expresado” en favor o en contra su opinión de condena o inocencia.
Y no se trata de eximir o no a los mismos medios de comunicación y sus operadores, sean éstos periodistas o presentadores, y dejarlos de lado en su responsabilidad de haber “montado verdaderos juicios paralelos” que condenan o salvan a los diferentes imputados en distintos casos.
También, han pasado el escarmiento de la “dureza” y “debilidades” de la justicia que ha entrado de lleno en estos casos, sin importar que pertenezcan a grupos de poder, a partidos políticos influyentes o simplemente a los gobiernos que no “podían tocarse”. Pero lo peor, creo y así me lo ha comentado algún imputado, es la cárcel. “Esto me ha cambiado a fondo”, escuchaba de un testigo de haber pasado por la experiencia de un penal.
Las preguntas que me surgen una y otra vez, y por supuesto las he tratado de responder, giran en tres temáticas, a saber: uno, ¿quién o quiénes son los responsables de los llamados juicios paralelos que se ventilan en los diferentes medios de comunicación; dos, el problema ético que trasciende, respeto a la vía privada, el tratamiento de los temas públicos en los juzgados; y tres, ¿cuál es la forma de reportarlo e informar en los medios de comunicación de estos hechos?
Hablemos claro. Los responsables en última instancia de estos hechos son los mismos involucrados… sobre todo aquellos que les “picaron” las manos para quedarse con los fondos que le pertenecían al país para hacer obras. Sí, realmente, me refiero a los funcionarios de gobierno sin importar el nivel que posean.
Como me decía un maestro hace muchos años, si usted no quiere ser noticia de corrupción, no robe… si usted no quiere ser juzgado por la voluntad popular, trabaje en bien de las comunidades y cumpla sus promesas. Estos casos, por ejemplo de funcionarios medianos metidos en la corrupción, se tratan informativamente con relativa facilidad, sobre todo cuando los hechos están judicializamos; sin embargo, la cuestión se complica cuando el tema está en la línea débil de lo privado y público, todavía más cuando se trata de casos no comprobados o simplemente cubiertos por el mando de la politización... acá las cosas se vuelven más difíciles y complicadas.
Cuando esto sucede, rápidamente tiene que salir a flote la cuestión ética y profesional; por ejemplo, respetar la vida privada, la imagen o la familia de los implicados, igual que poner por delante el principio de inocencia, cuestión que no es simple en un país como el nuestro, donde las instituciones judiciales presentan a los imputados como culpables, con las imágenes de hombres y mujeres con uniforme y esposados en las fatídicas “presentaciones a los medios”.
¿Qué hacer ante esto? ¿Dejar de publicar los hechos, publicarlos tal cual los determina la Policía y Fiscalía o simplemente hacer caso omiso de lo que sucede? La respuesta es una, responsablemente, porque la población tienen derecho a estar informada, ética y profesionalmente, debe hacerse y debe reportarse al menos cumpliendo tres cuestiones: apegado a los hechos, que por lo general están en el expediente judicial, en el proceso incipiente (y así hay que decirlo) tanto de la Policía como de la Fiscalía. Otro punto, respetar en la medida de lo posible, y hay que ser rígidos en esto, con el respeto a la imagen de la persona y de su familia. Y por último, investigar, investigar a fondo los casos, tratando de separar el trigo de la paja, la politiquería fuera de los hechos.
Acá no se cumple lo que está hablando, puede ser el comentario, pero de inmediato afirmo con mucha información, ciertamente todavía falta mucho por avanzar, pero hemos avanzado… y en relación con el pasado, y un pasado muy cercano, las cosas se ventilaban en los medios, ahora ciertamente influyen pero no son determinantes. Ahora lo determinante es una sala de un juzgado, con un juez decente, justo y serio.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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