Para los salvadoreños, escuchar a los funcionarios repetir que están cumpliendo el llamado del presidente a la austeridad es una burla y cínico encubrimiento para mantener el notorio despilfarro de fondos públicos, mientras las finanzas van por un rumbo catastrófico y los servicios que la población más vulnerable recibe son una vergüenza.
Indigna que cada vez que se necesita recortar gastos, siempre lo sufren Educación, Salud y Seguridad, evidente demostración de que al gobierno del Frente no le ha interesado nunca velar por las clases más necesitadas, que por su pobreza no tienen acceso a servicios privados. Pero a los que tienen la suerte de ocupar cargos públicos, gracias a los votos de esos marginados, les sale sobrando que esa enorme mayoría de salvadoreños se mantenga en la ignorancia, se muera sin atención médica y ponga en peligro su vida cada día que sale a trabajar.
La población consciente está harta de tanta hipocresía, de la falta de conciencia y de sentido humano de los funcionarios gubernamentales que viven tranquilos en una burbuja de elegantes vehículos, seguros médicos privados, protección y seguridad, viajes turísticos, grandes comilonas que disfrutan porque le han quitado al pueblo la salud, la educación y la seguridad, derechos que la Constitución les otorga.
Ya se escuchó la amenaza de Medardo González, verdadero chantaje, que si no les dan los $40 millones de la deuda política, recortarán nuevamente a Salud, Seguridad y Educación. Y aunque dicha deuda está establecida por la Constitución, también está pendiente de cumplirse la sentencia de la Sala de lo Constitucional de que mientras no publiquen los nombres de los que financian los partidos, no habrá deuda política.
Señores funcionarios, no abusen más de la paciencia ciudadana. Ya es tiempo de que los diputados, tan hábiles para elaborar decretos exprés y reformas a su conveniencia, renuncien a todo gasto superfluo. Que la Patria demanda sacrificios, que es humillante comparar el número de homicidios, que cada vez de manera más salvaje se cometen a diario, con los gastos destinados por la Asamblea Legislativa en su presupuesto 2018, para pagar personal de seguridad, para ellos y sus familiares, con sus respectivas caravanas de vehículos. Que mientras al salvadoreño de a pie no le alcanza para la canasta básica, se receten tremendas comilonas, en su lugar de trabajo, abusando del hambre del pueblo. Que para llegar a su lugar de trabajo, los ciudadanos deben subirse en un bus que es una ruleta rusa contra la muerte, mientras los diputados viajan a países lejanos a darse la gran vida, porque hay que aprovechar la temporada para la que fueron electos, por esos ciudadanos hoy por ellos olvidados.
Las reformas al presupuesto no deben realizarse haciendo más difícil la vida a quienes cada día pasan a engrosar los niveles de pobreza. Organismos internacionales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país han recomendado lo que todos los ciudadanos exigimos: que se disminuya el gasto público, que es un escándalo las 40 mil nuevas plazas en el sector gubernamental, para lograr más votos. Que ya no se siga disminuyendo el ya exiguo presupuesto de esas tres carteras, y que los $500 millones que hacen falta en el presupuesto 2018 se recorten de las prebendas inmerecidas de que disfrutan Capres y los ministros, la Asamblea y la CSJ. Es de justicia, porque ya abusaron demasiado.
Es decepcionante que los partidos de oposición, especialmente ARENA, hagan oídos sordos a las necesidades del pueblo, demostrando que una vez en el gobierno, son más de lo mismo.
HAY QUE SACAR AL FRENTE DEL GOBIERNO, pero necesitamos un gobierno diferente.
*Columnista de El Diario de Hoy.