A juzgar por las cifras, resultados, costos y logros alcanzados, tenemos una hipertrofia en las instituciones del Estado. Lo obtenido en la gestión de la cosa pública, no se corresponde ni con el costo del aparato estatal, ni con los recursos invertidos, ni con la cantidad de personas contratadas que dependen del Estado.
Cualquier empresa no gubernamental que hubiera obtenido los mismos escasos resultados con la millonaria inversión en salarios y contratación de personal, habría cerrado por ineficacia hace tiempo. Sin embargo, en el aparato estatal la cosa sigue igual, y nadie levanta una ceja. La única explicación que encuentro es que, a fuerza de propaganda y polarización ideológica, nos han domesticado para que juzguemos el quehacer del Estado no por sus resultados, sino por sus intenciones.
Más aún, como los logros no constituyen indicadores de eficacia, y las intenciones no se cuestionan, quienes están al frente de las instituciones nos han convencido de que la ineficacia no es por ineptitud, incapacidad, o por tener contratada legión de empleados, sino que no se obtienen resultados positivos, o al menos en una escala decente, porque falta más presupuesto, y por eso ni se despeinan a la hora de pedir insistentemente más y más fondos por vía fiscal.
Ante esa realidad, todavía hay quienes ven la solución en modernizar el Estado. Porque para ellos modernización es tener más personal, más presupuesto, más equipo, más incentivos, más recursos... Sin embargo, no olvidemos que el principal incentivo en el sector público suele ser contar con una fuente segura e “inagotable” de ingresos personales, sin el temor de que por ausencia de resultados el grifo vaya alguna vez a cerrarse.
Además, la única competencia que el empleado público enfrenta en su labor diaria no es externa: hay monopolio en la seguridad, en la administración de la distribución de agua y alcantarillado, en el registro de la propiedad, en la recolección de impuestos, etc. La competencia, que en algunos casos es auténtico canibalismo, se da más bien dentro de cada institución. Por eso para mantenerse en el puesto, para subir en los escalafones, no es necesario trabajar más y/o mejor, sino saber tocar las teclas adecuadas, adscribirse a los grupos indicados, estar a bien con los jefes, etc.
La tendencia natural del empleado público es hacia el anquilosamiento y la protección de la plaza, y cada vez se contrata más y más gente, se crean más y más plazas y, consecuentemente, se trabaja menos.
Tradicionalmente, la solución de los políticos ante una institución pública que no funciona no ha sido volverla más eficaz y eficiente, sino “fortalecerla”, es decir: meterle más plata, más personas, más instancias, más burocracia, lo que a la corta hace más ineficiente a la institución de marras y obliga a los jefes a comenzar nuevamente el círculo vicioso ineficacia-financiación-contratación-ineficacia.
Para ser justos, se ha de decir que hay instituciones, o secciones dentro de las mismas, que son eficientes, están para servir a los contribuyentes y alcanzan resultados no solo satisfactorios, sino sobresalientes; pero creo que el lector estará de acuerdo conmigo en que son las menos.
Esas que funcionan, en comparación con la mayoría, tienen una característica muy importante: son conscientes de que están para servir al público, mientras que las ineficientes están para servirse a sí mismas: su éxito está en ejecutar presupuestos, hacer propaganda, capacitar hasta el infinito y adular a los jefes.
Mientras sigamos teniendo instituciones cuya principal misión sea funcionar como enormes agencias de empleo, plataformas políticas, ubres generosas para todos los vividores que revolotean alrededor de partidos, oenegés, agencias de publicidad, proveedores-compadre-hablado, etc., tendremos cada vez menos posibilidades de corregir el rumbo, o al menos lograr que el dinero público rinda en beneficio de todos.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare