La semana pasada, con mayúsculas y todo, el alcalde capitalino se quejó vía Twitter de que todos los partidos políticos habían aprobado una ley que prohibía que movimientos ciudadanos como el que él recientemente lanzó recibieran donaciones. No era cierto: si bien un par de diputados dieron declaraciones al respecto, en la Asamblea no pasó dictamen alguno que prohibiera donaciones a movimientos ciudadanos.
Y no debería: estarían arremetiendo contra la Constitución violentando la libertad de contratación, de asociación, y si se observa el tema desde el punto de vista de la jurisprudencia comparada, en otras jurisdicciones, la capacidad de otorgar fondos a entidades con fines políticos se entiende como parte de la libertad de expresión. Es así como lo declaró la Corte Suprema de los Estados Unidos en un caso histórico, conocido como Citizens United. Por supuesto que al Estado no le corresponde intervenir en lo que cada individuo libremente decida hacer con su dinero.
Si bien es cierto que nuestro sistema jurídico no contempla aún un mecanismo legal para transparentar el uso y auditar los fondos que recibe un individuo interesado en lanzar una candidatura para la presidencia de la república, al final del día donarle a un movimiento ciudadano no es distinto a una donación entre particulares. Quien recibe, debería legalmente declarar lo donado al Ministerio de Hacienda, puesto que sería para efectos prácticos renta gravada, y la ausencia de personería jurídica del movimiento ciudadano implicaría que los donativos no gozarían de exención tributaria.
Si bien no terminaron aprobando ninguna ley con este carácter particular, la mera discusión le dio municiones al alcalde para continuar victimizándose y empujar la falsa narrativa de la golondrina sola, tratando de hacer verano mientras todos le tiran piedras. Si lo que los partidos políticos tienen es miedo a la competencia, intentar frenar, no sólo al alcalde, sino a cualquier otro aspirante que no sienta que los partidos existentes son un vehículo potable para aspirar a un puesto de elección popular por medio de la regulación del financiamiento electoral no solo es coquetear con una inconstitucionalidad, es también bastante estúpido. Estúpido porque continúa poniendo en evidencia las tendencias semiautoritarias de solidificar la partidocracia existente, que a tantos está desencantando.
Mientras tanto, continúan escondiendo a los donantes que consideran minoritarios cuando la transparencia absoluta sería tan beneficiosa para el país. ¡Hacer públicos y auditables los orígenes de todos los donativos a partidos políticos explicaría tanto! Serviría para entender por qué ciertos diputados defienden tan férreamente ciertos intereses industriales, y quizás también podríamos explicar con números el servilismo humillante con el que el FMLN trata cualquier tema relacionado con la dictadura venezolana.
Pero claro: estas aspiraciones dependen de que en el servicio público haya quienes se deban a la transparencia y a una mejora para el país, y por el momento son más los diputados que se deben primero a su partido antes de a su gente. Esperar que de la Asamblea en la que continúa reinando la partidocracia surja un empujón hacia la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos sería casi tan absurdo como esperar que Lance Armstrong, ciclista que cayó de la gloria deportiva al revelarse sus hábitos de dopaje, sea un buen regulador de substancias prohibidas en competencias deportivas.
*Lic. en Derecho de ESEN
con maestría en Políticas
Públicas de Georgetown University.
Columnista
de El Diario de Hoy.
@crislopezg