"Una Sala de cheros” es lo que parece que todas las fracciones políticas en la Asamblea Legislativa están buscando, una Sala de lo Constitucional integrada por cheros de ellos. Gente que “ayude” y que no “estorbe”. Nombrar “compadres” que de una vez por todas sustituyan a esos molestos “Cuatro Magníficos” quienes, desde que llegaron al puesto, han estado emitiendo sentencias cuyo contenido ha incomodado a muchos políticos y de forma especial, al gobierno socialista actualmente en el poder.
Que un gobernante quiera contar con un Órgano Judicial, no digamos sumiso, pero al menos “no molesto”, no es una tentación recurrente únicamente para los gobernantes salvadoreños; la vivió Argentina con Perón y Kirchner; Cuba con Castro; Chile con Pinochet; Perú con Fujimori; Nicaragua con Ortega y Venezuela con Chávez, solo por citar algunos ejemplos latinoamericanos. Es que si en algo se parecen los dictadores de izquierda y de derecha es en desarrollar esa afición tan adictiva al poder absoluto. Eso de pesos y contrapesos republicanos, del cual un Órgano Judicial independiente forma una parte esencial, para ellos es una burgués sutileza.
Lo que resulta interesante al revisar la Historia es que la tentación de tener un Poder Judicial manejado por compadres no es solo propia de tiranos y de dictadores, sino también de gobernantes electos democráticamente, incluso en un país con una larga tradición republicana como los Estados Unidos. Ese fue el caso del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
“Teddy” Roosevelt fue electo presidente en 1932, en plena Gran Depresión. Llegó al poder gozando de un importante apoyo popular, en un momento que una cuarta parte de la mano de obra estaba desempleada y cuando, por primera vez en décadas, un porcentaje importante de las familias norteamericanas vivía en pobreza. Adicionalmente, el Partido Demócrata que lo había llevado a la presidencia gozaba de mayoría de integrantes en el Congreso y el Senado, lo que le brindaba al presidente los votos necesarios para aprobar un “paquete legislativo” para impulsar el “New Deal”, que requería reformas a leyes existentes o creación de nuevos cuerpos legales, que permitirían hacer realidad sus promesas de campaña.
La piedra en el zapato consistía en que muchas de las leyes sobre las que se basaba el programa tenían problemas constitucionales, por lo que acabaron sometidas al control jurisdiccional del Tribunal Supremo, el cual, para molestia del presidente, escapaba a su control e influencia. El Tribunal, luego de un examen de las normativas, las declaró inconstitucionales.
Debido a la enorme popularidad adquirida por Roosevelt, derivada de los decretos presidenciales que concedían beneficios económicos a la población, éste no estaba dispuesto a que un “tecnicismo constitucional” detuviese sus ambiciosos planes políticos, por lo que empezó a atacar a los miembros del Tribunal Supremo en sus alocuciones radiales periódicas (¿les suena conocido?), acusándolos de “incapaces” y de adjudicarse ilegítimamente en su rol de jueces, las funciones de otros órganos del Estado en perjuicio del Ejecutivo y, en última instancia, del pueblo…si no hubiera aclarado que era Roosevelt, de hecho, hubiéramos pensado que se trataba de Chávez o de alguno de nuestros actuales gobernantes.
Ante la reacción negativa del Tribunal Supremo, el presidente consideró que era hora de “inyectar sangre nueva al Tribunal”, considerando que los actuales jueces (que casualmente eran los que habían decretado como inconstitucional el paquete legislativo propuesto), estaban “sobrecargados de trabajo” y esa carga laboral era excesiva para “personas de su edad”. Claramente, lo que buscaba el presidente era que los senadores destituyeran a los actuales miembros del Tribunal Supremo para elegir de dedo a nuevos integrantes, esta vez asegurándose que los nuevos jueces, fuera menos críticos a sus programas y menos “quisquillosos” a la hora de considerar que esta y aquella ley tuviese o no defectos constitucionales.
Ni la Cámara de Representantes ni el Senado -a pesar de existir en ambos una mayoría del Partido Demócrata- apoyó a Roosevelt en ese arriesgado juego político de “tomarse” el Órgano Judicial, ya que entendieron que la misma esencia de la vida democrática de la nación estaba en juego: el control constitucional independiente es esencial para que haya los pesos y contrapesos propios de una república, lo cual, a su vez, constituye la esencia de vivir bajo el imperio del Derecho y de la vida en democracia.
La lección que nos deja esta historia debe ser tomada muy en cuenta por el CNJ y eventualmente por la Asamblea Legislativa: caer en la tentación de nombrar magistrados de la Sala de lo Constitucional sumisos a los poderes fácticos en nuestro país será el tiro de gracia al contenido de los Acuerdos de Paz que tanta sangre nos costó alcanzar. Nombrar “una Sala de Cheros” sería una traición imperdonable a nuestro pueblo.
*Abogado, máster en leyes.
@MaxMojica