La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó esta semana un informe que explica “la diferencia entre tener o no observación electoral independiente”. Lo hizo en clara alusión a las recientes elecciones en Venezuela sobre las cuales, previamente, este organismo hemisférico señaló que estuvieron “a todas luces plagadas de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos e impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaran la voluntad del pueblo venezolano”.
La facilidad con la que el ciudadano puede ejercer su derecho al sufragio y la confianza en el árbitro electoral son dos de los elementos fundamentales que distinguen a unos comicios válidos y transparentes de otros que no lo sean. Si al votante se le dificulta encontrar su centro de votación o éste se encuentra alejado de su domicilio, no tiene clara la forma de votar, sus datos no coinciden con los del padrón y no consigue referencias de los candidatos y de las propuestas de los partidos, entonces nos encontramos frente a un sistema que no simplifica el proceso para votar y, por tanto, obstaculiza la posibilidad de la población de exigir cuentas a sus representantes.
Por otra parte, cuando el encargado de organizar las elecciones no indica los avances de aspectos relevantes como la tecnología que se utilizará para transmitir y procesar los resultados, los requisitos para que los ciudadanos pueden integrar las mesas de votación, la capacitación de los responsables de contar los votos, las medidas que se adoptarán con la finalidad de evitar el uso indebido de recursos del Estado para campañas electorales o el método para fiscalizar el dinero que recibirán los partidos políticos, se genera un ambiente de escepticismo que puede provocar una baja participación el día de las elecciones.
Para no ahuyentar a los electores de las urnas debe garantizarse el empleo efectivo de todas las formalidades mencionadas en los párrafos anteriores. También es necesario certificar que los comicios contarán con reglas claras y condiciones equitativas que posibiliten una competencia pareja a los que aspiran al poder. La observación independiente contribuye a alcanzar ese objetivo. La OEA advierte en su análisis acerca de los riesgos que enfrenta una elección cuando no se impulsa este tipo de supervisión por actores ajenos al proceso. Además aclara que hay procedimientos que tienen que ser auditados en paralelo a su ejecución y no en una “fase postelectoral”. Aquellos que sí pueden evaluarse con posterioridad al evento “requieren del acceso a mucha información” y contar con el compromiso de la autoridad de transparentar los procesos y ofrecer toda la documentación a los auditores.
En Venezuela debió vigilarse la convocatoria del proceso y el calendario del mismo; la admisión, rechazo o sustitución de candidaturas; la elaboración del padrón; el acto para escoger la posición de los partidos en la papeleta; la conformación de las mesas de votación; la aprobación y publicación del directorio de centros de votación; la campaña, el acceso a medios y la regulación del financiamiento político; y la totalización, adjudicación y la proclamación de resultados.
En prácticamente todas las etapas se presentaron anomalías “que se hicieron visibles dentro y fuera del país y generaron un clima de desconfianza e incertidumbre respecto a la transparencia y validez de los comicios”.
Otra de las auditorías que la OEA describe como imprescindible es la aplicable a los sistemas informáticos. El uso de tecnología en las elecciones es cada vez más frecuente como reiterado es también el debate sobre la seguridad de estos nuevos métodos. Tanto el voto electrónico como la posibilidad de transmitir y procesar los resultados a través de mecanismos tecnológicos generan en la población el temor que su sufragio sea alterado o se distorsione la voluntad popular. La OEA recomienda el acompañamiento de los partidos políticos y de actores creíbles a los exámenes y revisión que el organismo electoral efectué a los equipos que se utilicen.
En El Salvador debe promoverse la observación de todas las etapas del proceso electoral. Con ello se daría certeza al trabajo del TSE y se suprimiría toda sospecha de trampa. El aval de la OEA animaría al electorado a concurrir masivamente a esta fiesta cívica.
*Columnista de
El Diario de Hoy.