La creación de una entidad similar a la Comisión Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) en El Salvador continúa siendo un tema discutido con frecuencia en la palestra pública. Cada vez que los políticos nos sorprenden con una desfachatez, la posibilidad de que se instaure algo similar en país vuelve a ser objeto de debate en distintos ámbitos.
Los salvadoreños estamos hartos de la prepotencia e insolencia con la que los malos políticos nos obligan a tragarnos sus picardías, mentiras y abusos. Nos sentimos defraudados y desamparados por un sistema de justicia penal que, para muchos, solo simula perseguir a los corruptos. Ubicamos nuestra única esperanza en una mayor fiscalización extranjera, bajo el supuesto de que así los malos políticos tendrán temor de actuar con el descaro con el que ahora lo hacen y las instituciones funcionarán.
He ocupado este y otros espacios para abogar por la creación de una entidad internacional contra la corrupción en el país. Estoy convencido de que las instituciones nacionales responsables de combatir este problema son demasiado endebles. Hubo un tiempo en que pensé que bastaba con fortalecer nuestras instituciones. Sin embargo, desde hace algún tiempo no me queda duda de que esto no es suficiente. Nuestra mejor apuesta es pelear esta batalla con la ayuda de aliados internacionales. Las raíces de la corrupción y los grupos de poder que las cuidan son demasiado fuertes. Solos, las probabilidades de éxito no son alentadoras.
La relativamente reciente judicialización de casos de corrupción generó entusiasmo entre los salvadoreños. La Fiscalía inició procesos sin precedentes. Esto llenó a muchos de esperanza. Hasta hizo dudar sobre la necesidad de contar con un ente internacional para lograr salir de este hoyo. Por un breve momento pareció que era posible ser exitosos solo apostando por las instituciones nacionales. Esta percepción ha cambiado. Los reveses judiciales han hecho que se regrese a la posición anterior, en la que un requisito vital para la lucha contra la corrupción es la ayuda de aliados extranjeros.
El mismo Fiscal General, Douglas Meléndez, ha pedido apoyo internacional en múltiples ocasiones. Hasta aceptó públicamente que teme por su vida y la de su familia, y aseguró que había solicitado ayuda a gobiernos amigos para garantizar su seguridad. No debemos pasar por alto la frecuencia y el tono con que Meléndez habla sobre amenazas en su contra. Esto es un síntoma de algo muy grave. No es un reflejo de él como persona, más bien habla sobre la fragilidad de la persecución penal en el país y lo vulnerable que son las personas que la dirigen. Así no se puede enfrentar las poderosas redes de corrupción salvadoreñas.
Sin duda, la simple conformación de una CICIG en El Salvador no nos asegura el triunfo sobre los corruptos. Toda organización está compuesta por personas y expuesta a sus defectos. Los peligros que se corren al poner a un individuo equivocado al frente de un proyecto abanderado por una entidad de renombre, son altos. Un equipo inadecuado puede cometer los peores errores y las más graves atrocidades, cobijado con la buena reputación de la entidad que los escogió.
Sobran los ejemplos de programas inefectivos, ineficientes y hasta nocivos que ha sido impulsados por organismos internacionales. Invariablemente, la raíz de sus falencias está en la elección de personas equivocadas. Estos personajes venden su idea y la defienden a capa y espada, no porque sea lo mejor para los demás, sino porque es suya.
Los salvadoreños no podemos darnos el lujo de nuestra única oportunidad de ganarle a corrupción (si la conseguimos) se desperdicie por una mala elección del equipo que se enfrentará a los corruptos.
Es crucial armar un esquema que reduzca la probabilidad de que se den equivocaciones en si tenemos la fortuna de llegar a una etapa en podamos escoger a quienes lucharán contra ese monstruo en una versión salvadoreña de la CICIG.
*Criminólogo
@_carlos_ponce