Fraudes electorales

El riesgo es que estos procesos electorales presentan desviaciones cada vez más pronunciadas, entre las que destacan la inequidad en el financiamiento político, el ventajismo oficial, la adulteración de los resultados.

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Por Elizabeth Castro

18 October 2017

El fraude electoral en Venezuela nos demuestra que la manipulación de la voluntad popular sigue constituyendo una amenaza a la democracia. La ausencia total de independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su sumisión descarada al Ejecutivo burlaron por completo las reglas de la competencia. Así lo delató la oposición política aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 16 de los expresidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

A diferencia del siglo pasado, cuando las dictaduras truncaron por completo la alternancia política, la defensa internacional de la democracia ha pasado a un primer plano en el que los organismos internacionales y la comunidad de naciones reaccionan de inmediato para reclamar el restablecimiento del orden constitucional allá donde existen amagos de graves fracturas políticas. La Carta Democrática Interamericana garantiza la práctica de la democracia representativa y su aplicación, aunque depende de la voluntad de los Estados que integran a la OEA, cuida la limpieza de las elecciones y fomenta la denuncia de todo intento de distorsión por parte del oficialismo.

Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 se celebrará en diferentes países latinoamericanos, incluyendo El Salvador, un aproximado de 14 elecciones entre presidenciales, legislativas y municipales. En Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela se elegirán a los titulares del Ejecutivo. Algunos de estos países también votarán por diputados, gobernadores y alcaldes.

La buena noticia es que la democracia electoral persiste como el mecanismo por excelencia para alcanzar el poder político. El riesgo es que estos procesos, no obstante erigirse como la única vía para acceder a la administración de la cosa pública, presentan desviaciones cada vez más pronunciadas, entre las que destacan la inequidad en el financiamiento político, el ventajismo oficial, la adulteración de los resultados, como acusó Smartmatic en la consulta para la ilegal Asamblea Constituyente en Venezuela, la insuficiencia de información a los votantes, la parcialidad de los árbitros electorales y la pésima organización de los comicios.

La sofisticación para engañar a los votantes incluye también al populismo y al clientelismo político. Nicaragua representa un buen ejemplo. La combinación de reformas constitucionales para reducir el porcentaje de votos que necesita el ganador, el secuestro de las instituciones, incluyendo al organismo encargado de administrar las elecciones, y el intercambio de bienes por votos contaminan por completo la esencia del sistema electoral. Otro recurso empleado en la última década, principalmente en los países que integran el socialismo del siglo XXI, fue el del “nuevo constitucionalismo”. La principal reforma en esa corriente es la de permitir la reelección presidencial indefinida. Sucedió en Venezuela y Ecuador. Los gobernantes que no obtuvieron el respaldo para cambiar la Carta Magna invocaron la interpretación del máximo tribunal de justicia para conseguir el aval que les permitiera competir de nuevo por el cargo. Ese fue el caso de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández en Honduras. También lo intentó sin éxito Álvaro Uribe en Colombia y lo logró Óscar Arias en Costa Rica.

La antipolítica es otro de los grandes aliados del debilitamiento de las democracias. Acuerpados por la decepción del pueblo ante la falta de respuesta por parte de los gobiernos de turno al desempleo, la pobreza, la inseguridad y por la carencia de servicios públicos de calidad, los “outsiders” han venido penetrando en la conciencia ciudadana y se han impuesto a los partidos tradicionales. En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la pretensión de 86 personas para aspirar a candidaturas independientes a la presidencia de la República en 2018. Quienes pasen el filtro que establece la ley deberán obtener más de 800,000 firmas para que su intención se concretice y se les inscriba oficialmente como aspirantes a la “silla del águila”.

El blindaje más efectivo para enfrentar el boicot de las elecciones es la observación electoral nacional e internacional. Solo así es posible descubrir la determinación de algunos de falsear los eventos electorales o de utilizar artificios que inclinen la balanza a favor de uno u otro candidato. Ese será el antídoto más seguro en el caso salvadoreño.

 

*Columnista de El Diario de Hoy.