El entorno violento en que se desarrollan la niñez y adolescencia en El Salvador obliga a que los padres de familia nos preocupemos y ocupemos más en su bienestar, en su salud física, mental y espiritual, sobre todo cuando sabemos bien que es poco lo que el gobierno hace en esta materia.
Cada día vemos el anuncio de una familia pidiendo ayuda para localizar a su hijo o hija desaparecidos, muchas veces adolescentes o niños, quienes en un alto porcentaje no son localizados.
Un escandaloso porcentaje manejado por la FGR da cuenta de que en nuestro país cerca del 80 % de adolescentes que desaparecieron no fueron encontrados. Tristemente, los cementerios clandestinos se convierten en muchas ocasiones, en el destino final de los desaparecidos.
Solo en el primer trimestre de 2017, la FGR reportó al menos 673 denuncias de personas desaparecidas. Y si bien la policía ha insistido en que el número de asesinatos, en general, ha bajado este año, lo cierto es que hay un efecto contrario en el caso de las desapariciones.
Como padres de familia jugamos el papel más importante en el destino de nuestros hijos. La falta de tiempo no puede ni debe ser la justificación para dejar que ellos crezcan sin la supervisión, ayuda y confianza necesaria que garantice un buen destino.
Porque aunque suene increíble, ya el Señor Fiscal relató casos en que muchachos que han sido dados por desaparecidos se involucraron en pandillas, en circunstancias que los padres estuvieron involuntaria o irresponsablemente al margen de la situación. Pero también está el otro drama, el de familias que de un día a otro se enfrentan a la ausencia de un hijo que no encuentran ni en hospitales, policía o medicina legal.
En muchas ocasiones, el destino final de esas personas, muchísimas de ellas jóvenes, es un cementerio poco profundo, donde los dejan como quien bota la basura, sin reconocerlos y sin respeto alguno por esas víctimas.
De enero de 2009 a diciembre de 2016, la PNC recibió 11 mil 252 denuncias de personas desaparecidas, 1,581 de ellas, eran estudiantes. La situación es realmente grave.
Es fácil imaginar el terror, la angustia, el dolor que sufre una familia que inexplicablemente deja de ver a un ser querido, pensando siempre que en un país como el nuestro, donde la violencia ha alcanzado niveles terroríficos, es más fácil encontrarlos en tumbas clandestinas, que en otro lugar, a salvo.
El plan quinquenal del gobierno actual prometía garantizar el derecho de la ciudadanía a la paz y seguridad, algo que lejos de cumplir, ha permitido que se dispare, tanto en asesinatos, como en desaparecidos y extorsiones.
Muy a nuestro pesar, debemos de afirmar que lejos de haber mejorado el clima de seguridad, este gobierno logró empeorarlo, aumentando la desconfianza de la población y sembrando un clima de incertidumbre y desesperanza.
La sensación general de la población, según se puede captar en distintos estratos, es que este gobierno ya nada podrá demostrar en materia de mejorar la seguridad. El tiempo se les termina y lo único que parece ser seguro respecto a sus políticas de seguridad, es que nunca las tuvieron.
*Diputada