Hace algunos días, Howard Cotto, director general de la Policía, advirtió que es muy probable que las pandillas empiecen a coquetear con los institutos políticos para alcanzar acuerdos de cara a las elecciones del próximo año. La historia, sin embargo, ha dejado claro que el coqueteo se da en la dirección contraria. El orden de las partes incluidas en las declaraciones de Cotto debiese haber sido al revés, ya que es más probable que los políticos empiecen a coquetear con las pandillas, con el objetivo de explotar el poder e influencia que dichos grupos ejercen sobre los territorios en los que operan, como lo han hecho exitosamente algunos candidatos en el pasado y, muchos otros, han intentado.
Este detalle, aunque parezca irrelevante o trivial, no lo es. Ilustra perfectamente la incongruencia y falsedad del discurso oficial en materia de seguridad pública. En un tema tan delicado como lo es la interacción entre grupos criminales y políticos, el diablo está en los detalles. Los funcionarios que manipulen estos detalles adrede debiesen ser destituidos por tratar de esconder (y, por lo tanto, propiciar) el verdadero vínculo detrás del intercambio entre pandilleros y políticos, anteponiendo intereses partidarios sobre los de la ciudadanía. Los que no tengan el cuidado de enmarcar sus declaraciones sobre el tema de forma correcta y precisa, también tuviesen que ser separados de sus cargos, por irresponsables.
La honestidad de los funcionarios en este tema es crucial, especialmente ahora que muchos argumentan se ha dado una nueva negociación entre el gobierno y las pandillas. Algunos sostienen que la disminución en la cantidad homicidios perpetrados en los últimos días es sospechosa y sugiere que existe un nuevo pacto con las pandillas. Señalan dos razones principales. La primera es que el ministro de Justicia, Ramírez Landaverde, se atrevió a anunciar, hace aproximadamente una semana, que los homicidios bajarían en los próximos días. El único que ha hecho algo similar en el pasado es Munguía Payés, a quien se ha perfilado como arquitecto de la primera negociación con pandilleros.
Las pandillas han demostrado que tienen la capacidad de subir o bajar los homicidios a su antojo y que, en consecuencia, las autoridades tienen poca influencia sobre el comportamiento de las estadísticas de homicidios. Ramírez no es torpe, nunca hubiese dado esas declaraciones sin tener la certeza de que, en efecto, el número de asesinatos bajaría. En el actual contexto, esto solo es posible si tiene el beneplácito de las pandillas.
La segunda razón por la que esto resulta sospechoso es por el misterioso ingreso de una camioneta al Penal de Máxima Seguridad, cuyos tripulantes no fueron identificados por orden superior. Según trascendió en los medios de comunicación, el vehículo que entró a la penitenciaría es de la policía y era conducido por un elemento policial. Marco Tulio Lima, nuevo director general de Centros Penales, en una entrevista televisiva, dijo que las personas que iban en el interior eran custodios y que no pasaron por el registro obligatorio debido a una nueva disposición administrativa que permite que este personal se salte el procedimiento regular, para mantener su identidad secreta y así velar por su seguridad. Esto es poco probable, primero, porque los pone en un mayor riesgo, los convierte en blancos más vulnerables para los reclusos. El que no se sometan al registro regular quiere decir que pueden meter contrabando a las prisiones, algo codiciado por los internos. Segundo, jamás los custodios han gozado de escolta policial para ingresar a los recintos penitenciarios. Si fuese así, no existe justificación para que esto no se haga también con policías y soldados que patrullan los bastiones territoriales de las pandillas.
La situación es sospechosa. Debemos exigir mayor claridad y transparencia a los funcionarios en estos temas. La precisión de sus declaraciones es crucial.
*Criminólogo
@_carlos_ponce