La reforma de pensiones desempolvó una destreza que prácticamente habíamos desechado: la del consenso político. Las últimas legislaturas han desatendido los grandes problemas nacionales. Ciertamente se han aprobado leyes para enfrentar la inseguridad, promover el crecimiento económico y cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional en materia electoral, entre otros aspectos. Pero se ha tratado de normas que no impactan estructuralmente los dilemas de fondo y que nos impiden dar un salto de calidad en los ámbitos social, político y económico. Son más bien disposiciones legales que al momento de su implementación se encuentran con la barrera de la burocracia y, en el caso de que se apliquen, terminan siendo remiendos que no contribuyen a la construcción de políticas públicas integrales enmarcadas en una visión de nación.
El entusiasmo con el que intelectuales, académicos y firmantes de la paz recibieron el acuerdo de la semana pasada nos anima a reflexionar sobre la posibilidad de aplicar este ejercicio a materias tan complejas como la crisis fiscal, el desempleo, la atracción de inversión nacional y extranjera y la violencia. El respaldo unánime que obtuvo la modificación a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) de parte de los grupos parlamentarios pasó por un proceso engorroso de negociación en el que no faltaron los chantajes, las propuestas populistas, las amenazas de nacionalizar los ahorros de quienes cotizan en el fondo de pensiones y el desconocimiento técnico del asunto.
Al mismo tiempo la evolución del debate mostró cualidades positivas. Animó a los trabajadores a defender, de manera seria y responsable, su derecho a recibir una pensión acorde al esfuerzo realizado durante su vida laboral; comprobó que las contrariedades, por muy complejas que sean, pueden discutirse sin sobresaltos y que el “producto final” debe incorporar las diferentes ideas, siempre que no se desnaturalice el resultado y termine agravando la situación que pretende solventar. También confirmó que el involucramiento de los ciudadanos es fundamental. Las diferentes campañas que unos y otros actores desarrollaron despertaron la conciencia colectiva. Al final la sociedad entendió que cualquier cambio al sistema debía cuidar la propiedad del dinero que cada cotizante tiene en su cuenta individual. Las redes sociales representaron un papel de primer orden y los estudios de opinión pública evidenciaron que el interés de la gente para que se respetara su pensión aumentó en cada medición desde que se empezó a conversar sobre el tema.
Ciertamente el pacto llegó cuando el país se encontraba al borde de un segundo impago. Incumplir de nuevo con las obligaciones crediticias frente a los acreedores internacionales habría sido desastroso. Las voluntades se juntaron forzosamente cuando no había otra salida y el espacio para la politiquería ya no era una opción. En ocasiones conviene llevar al límite los riesgos porque se aprecian con más claridad las consecuencias de una actuación irresponsable. Sin embargo, el comportamiento debería ser el contrario. El desarrollo no debe ser producto de la improvisación ni del desgaste de la credibilidad de las instituciones. El progreso ha de provenir de la planificación, del diálogo permanente y de la convicción de las fuerzas políticas acerca de la obligación que adquirieron al ser electas para alcanzar el bien común.
¿Cuál es el “disparador” en materia de seguridad que obligaría a la población y a los partidos a recuperar la paz social? ¿Para ordenar las finanzas públicas hace falta que no sea posible desembolsar el salario de los empleados públicos o que se limiten aún más los servicios en escuelas y hospitales? ¿Es necesario perder los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cientos de miles de salvadoreños o que se reduzca o elimine la cooperación de los Estados Unidos para empezar a cumplir las 16 condiciones establecidas por el Congreso de ese país? ¿Requerimos de una “Nica Act” para que la política exterior del país respalde el restablecimiento de la democracia en aquellos Estados en los que, como en Venezuela, ya no existen instituciones independientes ni libertad de expresión ni derecho a votar y a elegir a sus representantes? ¿Esperaremos a que los comicios fracasen para sentarnos a discutir el tipo de sistema electoral que necesitamos?
*Columnista de
El Diario de Hoy.