Negro septiembre de 2017

¿Sería bueno permitir grupos de civiles armados para combatir la delincuencia? Definitivamente no se puede permitir a grupos de ciudadanos tomar en sus manos la ley ni la seguridad pública; sin embargo, el gobierno debe reaccionar de una vez por todas.

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Por Mirna Navarrete

04 October 2017

Parece que todo sube en nuestro país: los precios de los combustibles, alimentos, impuestos y lamentablemente los homicidios también han tenido un alza considerable. Es triste saber que septiembre es el mes más violento de 2017 con 435 homicidios, según datos de la PNC. En los últimos diez días del mes se registraron 272 asesinatos… ¡increíble! La muerte en nuestro pequeño país se ha convertido en algo frívolo.

Preocupa enormemente cómo las autoridades no logran controlar a estructuras criminales como lo son las maras y pandillas; debemos alarmarnos al saber que hasta los policías están siendo perseguidos y asesinados por estos delincuentes. A la fecha van 34 agentes, 16 militares y 2 custodios asesinados, según datos de la FGR. La respuesta con planes estratégicos de seguridad para todos los que se desempeñan en labores de seguridad pública no se ven por ninguna parte.

Luego del despliegue de soldados y tanques militares por varias zonas de la capital, los homicidios aumentaron considerablemente. Esta ha sido una muestra de fuerza de las maras y pandillas ante las medidas de las autoridades por abocarse a la Fuerza Armada para labores de seguridad pública. El lunes 18 de septiembre inició el despliegue militar y las palabras del Presidente Salvador Sánchez Cerén fueron: “Hemos tomado la decisión de reforzar con la PNC a esta delegación, pero también con miembros de la Fuerza Armada, que permitan garantizar una mayor movilidad”. El anuncio fue hecho desde las instalaciones de la Delegación San Salvador Centro de la PNC, ubicada en la colonia Montserrat, donde el Presidente sostuvo un encuentro con altos mandos de la PNC y la Fuerza Armada, en el cual también participó el vicepresidente Óscar Ortiz, quien coordina la ejecución de las medidas extraordinarias de seguridad y prevención.

El mandatario dijo que el despliegue prioriza 25 puntos donde hay mayor actividad criminal y circulación de la población: los mercados, transporte colectivo, terminales de buses, universidades, entre otros.

Sánchez Cerén añadió que el operativo contempla la agilización de la respuesta que se brinda a la población que hace uso de sistema de emergencias 911. Días después de esta contundente operación represiva debemos preguntar: ¿cuáles territorios controlados por las maras y pandillas se recuperaron? ¿Disminuyeron las extorsiones en este lapso de tiempo? ¿Se redujeron los homicidios con este plan? Si las respuestas a estas interrogantes son negativas es de lamentar de cómo solamente se buscan medidas disuasivas del delito, no se están llevando a cabo programas eficientes en seguridad pública que pongan un alto real a la ola de criminalidad que está agobiando a muchos salvadoreños y desarticule totalmente las estructuras pandilleriles.

Ante la incapacidad de las autoridades de eliminar este flagelo, muchos ciudadanos buscan tomar la ley en sus manos y esto viene a agravar más la situación de seguridad en nuestro país. Ejemplo de ello es en la colonia Jardines del Bulevar, en San Salvador: se ha organizado un grupo de autodefensa en los que decenas de vecinos realizarán jornadas de vigilancia para mantener la seguridad ante las amenazas de la MS de la comunidad 22 de Abril. ¿Qué hacer ante estas iniciativas? ¿Sería bueno permitir grupos de civiles armados para combatir la delincuencia? Definitivamente no se puede permitir a grupos de ciudadanos tomar en sus manos la ley ni la seguridad pública; sin embargo, el gobierno debe reaccionar de una vez por todas y buscar extirpar este cáncer social que se ha cobrado la vida de miles de salvadoreños, y que ya no sigamos teniendo meses negros, lúgubres días donde la pérdida de vidas humanas es una trivialidad.

 

*Colaborador de El Diario de Hoy.

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