Aunque al tomar posesión de un cargo público los funcionarios juran con la mano alzada cumplir con lo que manda la Constitución y trabajar por el bienestar de la población que los eligió, la verdad es que durante su gestión parecen olvidar tan serio compromiso. A veces por carecer de la capacidad y preparación necesarias para el cargo asignado o porque se deben a presiones partidarias. Pero lamentablemente, en muchos casos, porque se mueven por razones de conveniencia según su ideología.
Fue una bofetada para la población la noticia de que al raquítico presupuesto de Educación se le quitaban $14 millones para rellenar los huecos del desequilibrado presupuesto presentado por Hacienda, aprobado por los diputados y declarado inconstitucional por la Sala, mientras el millonario presupuesto asignado a Capres, fondos cuyo destino se desconoce, lejos de disminuir, constantemente aumenta.
Según declaraciones del ministro Canjura, el Mined está por perder $41 millones de un préstamo de $60 millones otorgado por el Banco Mundial, del que solo se han ejecutado $19 millones, y con vencimiento al terminar 2016. Para los sindicalistas de Bases Magisteriales, esto obedece a razones partidarias relacionadas con la propaganda gubernamental, dejando el Goes las ejecuciones de muchos proyectos para el período preelectoral para ganar más votos, aunque en muchas ocasiones los recursos se pierden. Hay préstamos en que los fondos no ejecutados están sujetos a pagar intereses a las instituciones que los otorgaron.
En la Ley de Extinción de Dominio y sus reformas, los bienes que han pasado a poder del Estado por proceder de negocios ilícitos han sido asignados a diferentes instituciones gubernamentales. Así, la PNC tiene un rancho en la Costa del Sol; la Fiscalía, una propiedad con cabañas en Apaneca, y se rumorea que el palacete del expresidente Saca será un hogar de ancianos. Si tanto la PNC como la FGR cuentan con tan escasos recursos, es absurdo que se les asignen lugares de recreación cuyo mantenimiento y equipamiento suponen un gasto considerable, cuando sería más conveniente venderlos para remediar las urgentes necesidades de las instituciones.
En la reforma de pensiones se mantiene el interés electoral pues ningún partido político ha querido asumir la urgente responsabilidad de aumentar la edad de jubilación, por temor al costo electoral, porque durante muchos años han convencido a la población, ignorante y creyente, de que esta medida constituiría un daño para la clase trabajadora. Nadie ha tenido el valor de explicar que las pensiones son bajas porque el tiempo de cotización es muy corto.
Las mujeres se jubilan a los 55 años, pero la mayoría continúa trabajando, muchas veces en la misma institución, aunque ya no cotiza. Otras deciden emprender un negocio propio que no participa del sistema previsional. Al extenderse la edad de retiro, cotizaría 5 años más y su pensión sería mayor. Actualmente, en la mayoría de los países del Primer Mundo, se está aumentando la edad de jubilación, en algunos hasta los 70 años, ya que, según datos recientes de la OPS, la esperanza de vida en la región ha aumentado a 75 años. Pero nuevamente, el costo político priva más que el bienestar de los trabajadores. ¿Habrá algún partido que tenga el valor de enfrentar esta realidad, realizando una campaña, ardua y escabrosa, pero que a largo plazo redundaría en beneficio de los trabajadores?
Los meses que faltan para las elecciones estarán plagados de falsas promesas y más logros mentirosos, como los expuestos por el presidente Sánchez Cerén en la ONU. Para poder vivir en un país mejor, HAY QUE SACAR AL FRENTE DEL GOBIERNO.
* Columnista de El Diario de Hoy.