Las autoridades de seguridad pública y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron la campaña “pagar extorsión no es tu obligación”. La iniciativa surge en una época en la que se ha recrudecido el accionar delincuencial: continúan los asesinatos de policías y soldados, el promedio de homicidios ha presentado un repunte en los últimos días y la percepción de la gente sobre la inseguridad se mantiene en niveles considerablemente altos.
La Fiscalía y la Policía Nacional Civil animan a denunciar en un número telefónico que estará habilitado las 24 horas. Una acción similar se realizó al inicio de la década pasada cuando una ola de secuestros afectó principalmente a miembros del sector privado. En aquel momento las víctimas y sus familiares temían ser objeto de represalias por parte de los malhechores que se enteraran de la identidad de los testigos que contribuyeron a inculparlos judicialmente. Un agravante adicional era la desconfianza en la PNC. El secuestro contra un empresario en el que participaron cuatro agentes que pertenecían a diferentes unidades especializadas de la organización policial dificultó el involucramiento de los afectados.
Estos dos factores complicaron la lucha contra el secuestro. En buena medida la intervención de las gremiales empresariales, en particular de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, contribuyó a desatar un nudo que impedía el testimonio de los secuestrados como una de las pruebas fundamentales del proceso. Con el transcurso del tiempo y debido al éxito de los operativos policiales, que terminaban en capturas y posteriores penas de prisión de las bandas de secuestradores, se restableció poco a poco la certidumbre en el quehacer de la PNC.
Las condiciones que deben cumplirse para que la población denuncie las extorsiones son muy similares a las descritas para el caso de los secuestros. Se necesita asegurar la vida de quien delate a los extorsionistas lo mismo que la integridad física de su grupo familiar y sus empleados; la respuesta de las unidades que combatirán el crimen debe ser efectiva, oportuna y con resultados concretos; y la solidez con la que los fiscales presenten los casos a los tribunales debe ser tal que permitan amarrar veredictos condenatorios.
La extorsión ocasiona cierre de empresas, muerte y mucho temor. Quienes la sufren viven en un estado de tensión permanente. Sobran los testimonios de los que afirman haber quebrado por este motivo. Los más dañados son los micro y pequeños empresarios porque a ellos se les intimida directamente. Estas personas pagan coaccionados por el pánico que les causa el desenlace fatal que podría presentarse si no atienden las demandas de quienes los expolian. Lo hacen para resguardar la subsistencia de su negocio y no porque deseen colaborar con los pandilleros.
En la encuesta de este periódico, publicada a inicios de septiembre, el 77 % de los consultados “no cree que las políticas y los planes del gobierno están resolviendo los problemas de seguridad del país”. El nivel de gravedad asignado a los asesinatos y extorsiones fue del 85 % rebasando al manejo de las finanzas públicas y al deterioro de la economía familiar, entre otros. Los resultados de la encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública de la UTEC publicados esta semana señalan que para el 33 % de los encuestados la delincuencia continúa ocupando el primer lugar entre los problemas que agobian a los salvadoreños muy por encima del desempleo y de la corrupción, que se encuentran en segundo y tercer lugar, respectivamente con 15.6 % y 15.1 % cada uno. Mientras tanto, el 61.9 % considera que este flagelo aumentó comparado con el último año. El mismo estudio dice que el 18.4 % emigra porque no se siente seguro y el 65.6 % por escasez de oportunidades de trabajo.
Por eso el impulso de la PNC y la FGR para motivar la colaboración de los extorsionados debe ser respaldado por la sociedad y los empresarios. Sin embargo, al mismo tiempo es imprescindible apuntalar el sistema de protección de víctimas y testigos, reforzar presupuestariamente a la Fiscalía General, capacitar al Órgano Judicial, depurar a la Policía Nacional Civil y establecer un mecanismo seguro que permita el anonimato del denunciante y un debido proceso para el acusado.
*Columnista de El Diario de Hoy.