Creía que los guatemaltecos eran más apáticos que los salvadoreños en las cuestiones políticas. Al menos esa era la impresión que tenía tras casi seis años de vivir en ese país. Me equivocaba. En 2015 dieron una muestra de unidad y movilización ciudadana, al organizar masivas protestas exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. Y lo consiguieron.
Dos años después, nuestros vecinos enseñaron de nuevo al mundo que no son indiferentes ni cómodos. Las aguas se volvieron a agitar desde que el presidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), con la intención de expulsarlo del país. La Corte Constitucional (CC) le arruinó la fiesta a Morales, al impedirle realizar sus oscuros planes. La gente volvió a salir a las plazas y condenaron las acciones de su presidente, exigiendo su renuncia.
El presidente guatemalteco es investigado por financiamiento electoral ilícito, al no haber declarado Q6.5 millones ($860 mil) de su campaña en la segunda vuelta. Ante eso, el Ministerio Público solicitó un antejuicio al Congreso de la República, pero los diputados no retiraron la inmunidad al mandatario, en dos ocasiones.
Además, una investigación periodística reveló que Morales recibió sobresueldos (¿nos suena conocida la historia?) de parte del Ejército por Q50 mil durante nueve meses (en total, casi $62 mil). Por lo visto, a Jimmy no le basta con ser el presidente mejor pagado de América Latina, con un salario mensual de $20 mil. Las protestas contra la corrupción han cobrado fuerza y hasta se realizó un multitudinario paro nacional, el pasado 20 de septiembre, después de un deplorable capítulo a favor de la impunidad protagonizado por los diputados. Algunos días antes, el 13, Jimmy Morales había logrado aliarse con varias bancadas –cosa llamativa, ya que jamás consigue los votos para temas importantes de nación- para reformar el Código Penal de forma exprés, sin seguir el procedimiento para la aprobación de reformas y leyes. 107 de 158 diputados votaron a favor de suavizar algunas penas. Otra vez se pone de manifiesto que la corrupción no distingue ni colores ni ideologías.
“Prácticamente anulaban el delito de financiamiento electoral ilícito y excarcelaban 400 de los 489 crímenes tipificados. El efecto práctico de esta aberración jurídica es que hasta pandilleros que purgan cárcel por delitos tan graves como extorsión, robo agravado, trata, pornografía infantil o estafa, entre otros, habrían podido salir a la calle a seguir aterrorizando a los guatemaltecos”, resume la periodista Dina Fernández en su columna de opinión. El nombre #PactoDeCorruptos le viene de maravilla a este capítulo de la historia democrática de Guatemala.
La CC suspendió esas modificaciones, pero los guatemaltecos no se iban a conformar ni a quedar con los brazos cruzados. Desde temprano, la gente salió a las calles para exigir a los parlamentarios que eliminaran las reformas. El 15, día de la Independencia, en sesión plenaria de urgencia, se dio marcha atrás, con 130 votos, a los decretos que generaron rechazo en la población. Varias personas protestaron fuera del Congreso, a tal punto de no dejar salir de los edificios a los diputados, quienes tuvieron que ser evacuados por la policía. Fue, en general, una concentración pacífica, pero decidida. A tal punto llegó la indignación, que algunos negocios decidieron no atender y prohibir el ingreso a aquellos legisladores que protagonizaron el #PactoDeCorruptos.
¿Tenemos algo que aprender de Guatemala y sus ciudadanos? Muchísimo. Desearía esa misma chispa y viveza en los salvadoreños cuando nuestros diputados aprueban un presupuesto desfinanciado y hecho con las patas, pasan leyes oscuras, escogen a magistrados de “dudosa procedencia” o no cumplen los plazos previstos por ley. Debería movernos a la acción que cualquier funcionario, comenzando por el presidente, no cumpla su trabajo, pues es con nuestro dinero que se pagan sus salarios.
Los chapines la tienen difícil en la renovación de su clase política. La gente no se involucra en la política partidaria por miedo a ensuciarse y porque los partidos no dan confianza o son muy cerrados. Sin embargo, es necesario “meterse” también para transformar “desde dentro” las instituciones del país y sacar a los mismos de siempre. Sobre este tema se puede encontrar más en mi columna “Guatemala, con la primavera a medias”.
*Periodista. jgarciaoriani@gmail.com