Las últimas decisiones del gobierno para mitigar las condiciones de inseguridad combinan reformas legales con una mayor presencia policial y de efectivos militares. De la misma manera que en administraciones anteriores, de derecha y de izquierda, las autoridades quieren hacer creer a la gente que las circunstancias mejorarán aumentando penas y exhibiendo al ejército en las calles. Para quienes sufren en carne propia la crueldad de los extorsionistas, homicidas y ladrones, estas medidas les parecerán correctas e imprescindibles.
En aquellas zonas donde las pandillas, y no el Estado, son las que establecen las reglas de “convivencia social” por supuesto que resulta mil veces preferible que sean los agentes de la PNC o la Fuerza Armada los que cuiden y protejan a su familia. La idea que ha venido cincelándose desde hace varios años en la opinión pública, de que no importa que se viole la ley con tal de resolver la crítica situación de violencia que soportan los habitantes, sigue tomando forma y alentando al Estado a emprender “todo tipo de actos” para generar una sensación de alivio entre la población afectada.
El dilema de la falta de seguridad permanecerá sin modificación alguna de continuar todos, los funcionarios y los habitantes, aceptando una solución que indudablemente nos conduce siempre a los mismos resultados. Los primeros insisten en estos métodos porque de lo contrario pueden obtener efectos adversos en las próximas elecciones; y los segundos admiten los remedios anunciados porque simplemente no soportan el infierno que padecen diariamente. De esta manera las trabas que ocasionan las decenas de homicidios y delitos de todo tipo para el comercio, el crecimiento económico y el ejercicio de las libertades, debido a la mala imagen que proyecta el país, no harán más que multiplicarse y ampliar su radio de acción limitando el desarrollo nacional.
Cuando en 2014 el presidente Sánchez Cerén creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se anunció una nueva etapa de acuerdos entre los distintos sectores que enfrentaría la epidemia de asesinatos que afecta a la Nación. Este fue también el objetivo de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social durante la última administración del partido ARENA. Ambas instancias presentaron sendos planes en la materia, cuyo seguimiento e implementación “brillaron por su ausencia”. De haberse ejecutado estas iniciativas la realidad en este ámbito habría mejorado.
A cinco meses de las elecciones es poco probable que los responsables de la seguridad pública, la presidencia y el partido en el poder renuncien a una estrategia muy similar sino idéntica a la utilizada por los gobiernos de derecha. Y al final los dañados somos todos. Es así porque se prefieren los votos y se desprecia la vida de los cientos de salvadoreños que la pierden como consecuencia de un hecho delictivo. Mientras la sociedad no exija un compromiso integral, los políticos y las mismas víctimas y familiares de estas seguirán conformándose con parches legales, demostraciones de fuerza y estrategias dispersas.
Es innegable que a los policías y a los soldados debe cuidárseles. Quienes atentan contra ellos desafían a la comunidad entera. También es una verdad comprobada que para encarar a la delincuencia se necesitan recursos. Con una policía desmotivada, sin el equipo idóneo, con la existencia amenazada, lo mismo que la de sus allegados, no es posible luchar contra un flagelo cuyas raíces tienen varios metros de profundidad. Esas dos condiciones, la protección de las fuerzas de seguridad y el auxilio presupuestario, deben ser parte de una política criminal que incluya acciones de prevención del delito, reinserción y rehabilitación de los pandilleros y de los malhechores condenados, y una severa aplicación de la ley que respete el Estado de Derecho y que al mismo tiempo imponga orden en el territorio.
Cuando se convive con el mal, como ocurre en El Salvador, se pierde la sensibilidad y la capacidad de exigir un arreglo definitivo de las contrariedades y las penas que nos agobian. Por eso es necesario recordarle a los electores que la obligación de sus representantes es la de cumplir con sus promesas, en esta caso la de recuperar el control de la seguridad y no la de proteger su reelección.
*Columnista de El Diario de Hoy