Aunque existe un consejo regulador de la publicidad, ¿la publicidad engañosa constituye un delito cuyos responsables pueden ser demandados en alguna instancia o por lo menos ante la Defensoría del Consumidor? Pero ¿qué ocurre cuando la falsa publicidad viene del Estado, pagada con impuestos de los ciudadanos, que serán víctimas de las mentiras que pretenden anunciar como verdades, para beneficio del pueblo?
Aunque ya este pueblo se acostumbró a las constantes mentiras, que para justificar sus desaciertos, expresan algunos ministros y muchos diputados en entrevistas en TV, conferencias de prensa o en los carísimos shows presidenciales, bajo la farsa del Buen Vivir.
Pero hay una campaña constante, con frecuentes cuñas en radio, TV y cine, para convencer a la población de que la reforma a las pensiones, cualquiera de las cuatro presentadas por el Estado, traerá grandes beneficios a los jubilados, con pensiones altísimas y acusando a las AFP de ofrecer pensiones de hambre.
La protagonista de un anuncio es una respetable maestra atendiendo a sus alumnos en el aula en que desempeña su trabajo. Al retirarse cansada, considera durante su recorrido, que está pronta para jubilarse y poder gozar de un merecido descanso, con la pensión producto de sus ahorros de muchos años de sacrificada labor docente.
Esta dramática realidad conmueve a la audiencia, conocedora de las ingratas condiciones en que trabajan los maestros, sin presupuesto, en escuelas en ruinas, sin material, ni los servicios mínimos, con amenazas de violencia, y tratados con absoluto desprecio por un gobierno que no considera la educación como la única manera de salir del subdesarrollo, a pesar de que el Presidente, es profesor, ha sido ministro de Educación, pero al llegar al poder olvidó a su gremio y hasta le ha negado los derechos adquiridos en la Ley de la Carrera Docente.
Termina el anuncio con una gráfica que explica con cifras falsas, que de aprobarse la propuesta del Gobierno, los maestros recibirán una pensión de $720, mientras que con la de las AFP, la pensión se reduciría a $360. Publicidad engañosa, cuya falsedad puede fácilmente demostrarse, porque el objetivo que persigue es permitir al Estado apropiarse de los $5,000 millones de los fondos que tienen los trabajadores en sus cuentas individuales, para manejarlos a su antojo.
El ministro Cáceres ha presentado cuatro propuestas, que con algunas variantes mantienen la pretensión de permitir al Estado administrar los fondos que hoy manejan las AFP. Las justificaciones indignan por absurdas, porque según la diputada Norma Guevara, “la última propuesta ya está en la Asamblea, pero todavía, el actuario contratado, está haciendo los estudios técnicos, para determinar su consistencia”. ¿Creerán que el pueblo es tan ignorante como ellos?
Porque la propuesta presentada por ICP, resultado de consultas con el sector privado y sindicatos y fundamentada en estudios técnicos, y la presentada por partidos de oposición, gozan de bastante aprobación porque benefician, no solo a los trabajadores, sino también ayudarían a aliviar la crítica situación fiscal.
Según estudios de Fusades, si el gobierno hubiera pagado el interés de mercado, que paga a instituciones internacionales, por el dinero que usa para pagar sus obligaciones previsionales con el antiguo sistema de reparto quebrado por sus malos manejos, las AFP podrían haber percibido $2,236 millones, lo que supondría un aumento de 28.8 % en las pensiones.
Hay que estar alerta para que la nueva propuesta, mantenida en total secreto, no sea aprobada en un madrugón, con dispensa de trámites, y los trabajadores pierdan sus ahorros. HAY QUE SACAR AL FRENTE DEL GOBIERNO Y DE LA ASAMBLEA.
*Columnista de El Diario de Hoy.