Insensatez

La gente aplaude la posibilidad de escuadrones de la muerte y a los grupos de policías que se extralimitan en sus funciones. La solución fácil es el ojo por ojo, sin pensar que un día todos nos vamos a quedar ciegos.

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Por Mirna Navarrete

03 September 2017

En este país muchos aplauden que se mate pandilleros. ¿Para qué arrestarlos, presentarles cargos, juzgarlos, condenarlos y encarcelarlos? Simplemente que los maten, o más bien, que los ejecuten. La ejecución, creen algunos, es la encarnación del poder del soberano defendiéndose. El terror, la frustración, el control sanguinario que las pandillas tienen sobre la gente hace que muchos piensen que entre menos trámite legal y menos deliberación, más rápido nos libramos del problema. Estas personas se olvidan de que vivimos en una república y en un Estado de Derecho.

En un Estado Constitucional hay que garantizar derechos para asegurarnos de que una persona es culpable y no encarcelar a un inocente. El presunto delincuente debe tener derecho a un juicio justo, a la posibilidad de defenderse ante un juez y a condiciones dignas de reclusión. Pero no todos piensan así. En El Salvador esos argumentos ya no convencen y algunos son prisioneros de la insensatez.

Los reportes periodísticos sobre grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil resultan alarmantes y escalofriantes, pero más sorprendente es ver las reacciones de algunos ciudadanos: aplauden a los grupos de exterminio y justifican las matanzas diciendo “de seguro anda metido en algo malo”. Y lo más chocante, ver cómo acusan a periodistas de ser “pro pandilleros” por criticar las ejecuciones o los actos arbitrarios realizados por la policía. El periodismo está aquí para decirnos lo que debemos saber, no lo que nos gusta escuchar. El periodismo que investiga y nos hace reflexionar es vital para una república democrática.

Muchos de nosotros estamos paranoicos por la violencia en el país. La cantidad de muertes de las que nos enteramos a diario y ver el sufrimiento de las familias de las víctimas vuelve entendible que la mayoría de ciudadanos pida soluciones inmediatas al problema. Y por más que el Gobierno se empeñe en hacer creer que hay control sobre la seguridad pública, no nos la podemos creer cuando la vemos a diario. El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo; en 2016 superó las seis mil muertes violentas y hasta agosto 2017 el promedio es de diez decesos al día por culpa de la violencia.

Por eso, si consideramos lo anterior, no sorprende que la mayoría de salvadoreños aplaudan la muerte o tortura de pandilleros. El miedo prevaleciente en la sociedad ha cruzado el límite, generalizando la idea de que incluso las soluciones insensatas son una opción ante el desborde del problema de seguridad. La gente aplaude la posibilidad de escuadrones de la muerte y a los grupos de policías que se extralimitan en sus funciones, a pesar de que sean causantes de violaciones a derechos humanos. Porque la solución fácil es el ojo por ojo, sin pensar que un día todos nos vamos a quedar ciegos.

Estos métodos autoritarios son celebrados cuando afectan a mareros tatuados o a quienes tenemos alguna idea de que andaban en malos pasos. Pero, en la realidad, no estamos libres de llevarnos a inocentes de paso. En el país hemos conocido historias escalofriantes de personas que han sido detenidas injusta y arbitrariamente; en que han existido procesos judiciales contra personas cuyo único error ha sido tener el mismo nombre que un delincuente; en que han matado gente por pasar en zonas controladas por pandillas, sin tener ningún vínculo con éstas. Los que aplauden la violación a derechos humanos quizá no se han puesto a pensar que algún día, por error, pueden ser ellos los que se encuentren detenidos, enjuiciados o hasta asesinados.

En El Salvador algunos creen que merecen todos los derechos y que otros no merecen ninguno, olvidando que por mucho bien o mal que hayamos hecho, al final todos somos humanos. Que alguien se gane ese trato no lo decidimos nosotros al calor de emociones; esa tarea está encargada al Órgano Judicial, para que sea una entidad imparcial la que conceda justicia y decida a quién le retiramos su estatus de ciudadano por haber cometido delitos.

Matar está mal; tomar justicia por propia mano e irrespetar las garantías que ofrece un Estado de Derecho también está mal. Si no respetamos estos principios por convicción, al menos hagámoslo porque día podríamos ser nosotros a los que maten o encarcelen injustamente.

*Columnista de El Diario de Hoy.