Escuadrones de la muerte a sueldo del Estado. Presunción de culpabilidad para un grupo entero de la población. Impunidad absoluta. Resulta que este escenario, tan propio de El Salvador de los Ochenta con sus escuadrones de la muerte y sus ejecuciones sumarias, es también propio de El Salvador de hoy, de ayer y de El Salvador del futuro a menos que le exijamos al gobierno que tome responsabilidad del asunto.
Un reportaje de la Revista Factum reveló la existencia y modus operandi de células dentro de la estructura de la FES ( la fuerza especial de la PNC encargada de lidiar con la criminalidad de las pandillas) que no solo operan al margen de la ley, sino que lo hacen de maneras cínicamente públicas difundiendo en las redes sociales sus “hazañas” de exterminio de pandilleros, azuzados por el apoyo de quienes se han dejado deshumanizar tanto que ven en sus actos heroísmo y no cobardía.
Factum describe con lujo de detalles las pruebas obtenidas, muestra evidencia de lo que por mucho tiempo solo eran sospechas, dejando claro que para ciertos agentes policiales los derechos constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la vida son meramente opcionales.
Lo más desgarrador del reportaje de Factum no solo fueron los hechos descubiertos, sino una parte importante de las reacciones en las redes sociales. Es alarmante la cantidad de personas que acusaron a los periodistas de Factum de estar defendiendo pandilleros, y con su reportaje, de estar atacando a los pobres policías exponiéndose para mantener la ley y el orden. Como si los derechos constitucionales fueran algo relativo, que solo nos aplica a algunos. Como si las democracias modernas y las repúblicas operaran con base en el rudimentario principio del “ojo por ojo, diente por diente”. Como si las mismas circunstancias que hicieron atroz el conflicto armado de los Ochenta ahora permitieran relativismos.
Como si denunciar el abuso policial implicara “defender” el crimen. Como si fuera imposible analizar realidades complejas en las que más de una cosa puede ser cierta al mismo tiempo: que los crímenes de las pandillas son un flagelo que hace dificilísima la vida para la ciudadanía, y que la policía, precisamente debido a que ejecutan el monopolio de la fuerza, no debería operar como clica pandilleril.
Si los actos de las pandillas son horrorosos e ilegales, ¿cómo se puede argumentar que los mismos actos son válidos cuando los perpetran sujetos uniformados y pagados con fondos estatales?
Excusar la brutalidad policial y la violación de la ley en que las pandillas “se han ganado” un trato inhumano es un arma de doble filo, pues esta erosión del Estado de Derecho y de los derechos procesales individuales nos afecta a todos, pandilleros o no. Con la misma facilidad con la que en la actualidad las células policiales de exterminio montan “enfrentamientos” que no hubo y escenas criminales ficticias, mañana pueden acusarle a usted de ser pandillero, sin prueba alguna e ignorando absolutamente el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Dirán que era una rata más.
Es triste que esto sea aún materia de debate, pero los derechos humanos no son algo que se “merece”, sino algo que se goza por el hecho de ser persona. No son de aplicación relativa. En teoría, constituyen la razón de ser de nuestro Estado según nuestra Constitución. En el momento en que el miedo y rabia que nos han causado el asedio constante de la criminalidad nos lleva a relativizar los principios de nuestra Constitución, cuya tendencia pro-vida ensalzamos en otro tipo de debates, no somos mejores que los criminales que decimos rechazar.
* Lic. en Derecho de ESEN
con maestría en Políticas Públicas
de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg