Sistema de pensiones es un tema del que hay que seguir hablando, pero no de forma política interesada, sino bajo criterios técnicos que de verdad ayuden a controlar esta bomba de tiempo. Ya perdí la cuenta de cuántas propuestas de reforma hay, pero queda claro que el Gobierno, los partidos de derecha, sindicatos y otras entidades directamente involucradas, en vez de resolver el problema, quieren que se apruebe una reforma a la medida de sus intereses. Ninguna de las propuestas está tocando los puntos trascendentales para solventar el problema de la sostenibilidad del pago de pensiones y de la crisis fiscal que su mantenimiento conlleva.
Hay dos aspectos importantes que deberían estar incluidos en la reforma que se haga, pero su costo político hace que todo el mundo los ignore; en primer lugar, la edad de jubilación. En El Salvador la ley establece 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres como requisito para jubilarse; si los salvadoreños en promedio tenemos la expectativa de vivir 70 años, significa que nuestro ahorro para la pensión nos tendrá que durar entre 15 y 20 años. No se trata de trabajar hasta morir, pero sí de que seamos realistas sobre cuánto tiempo viviremos de una pensión.
En segundo lugar, las reformas presentadas no tienen en cuenta la ampliación de la base de cotizantes, es decir, cuántas personas deberían encontrarse ahorrando en el sistema. Solo un 25 % de la fuerza laboral en El Salvador se encuentra cubierto por el sistema y solo un 16 % de los adultos mayores reciben su pensión de este sistema. La informalidad laboral es algo que complica la posibilidad de que más personas coticen para su jubilación y que el fondo sea más grande para pagar más y mejores pensiones.
Las reformas al sistema de pensiones presentadas por cada sector resaltan los puntos que a cada uno le interesan. Pero olvidan aquellas situaciones que deben incluirse para no seguir tapando parches a cada rato. Como mencionó el experto en pensiones Carmelo Mesa Lago en su visita al país, ni la propuesta del Gobierno, ni la de ICP, tocan la extensión de cobertura, ajuste de pensiones ni competencia y ampliación de administradoras; la del Gobierno tampoco aborda la diversificación de la cartera, por lo que buena parte del fondo de pensiones se seguiría invirtiendo en bonos que pagan bajísima rentabilidad. Y la última propuesta de los partidos de derecha, que es un mix entre propuesta de ICP y el partido GANA, tampoco trata estos asuntos.
Hay cuestiones que en el papel y en las ilusiones se ven muy bonitas; todos quisiéramos un fondo con la capacidad de entregar pensiones mínimas para la mayor cantidad posible de adultos mayores; que los trabajadores tuviéramos la oportunidad de una pensión desde el momento de la jubilación hasta la muerte; que la pensión sea de —al menos— el 70 % del promedio de los últimos salarios; que las pensiones se puedan subir a $700 como dice el último comercial del Gobierno. Sin embargo, nadie explica cómo harán para pagar todos esos beneficios sin que eso signifique convertirse en una carga insostenible para las finanzas del Estado ni tocar las cuentas de ahorro individual. Cuando le ofrezcan un beneficio pregúntese de dónde sacarán el dinero para dárselo.
En todas las propuestas presentadas hay puntos buenos y hay cuestiones que definitivamente necesitan ser repensadas y modificadas. La solución a la crisis de las pensiones no vendrá de la imposición de una propuesta por algún sector, sino del reconocimiento y análisis profundo de los problemas y la consecuente construcción de soluciones, no de placebos temporales. Urge que los políticos se pongan serios con la apertura y el debate sobre la reforma de pensiones. A todas las generaciones y sectores nos tocará hacer algún sacrificio, pero más vale eso a que el sistema se termine de quebrar por completo.
*Columnista de El Diario de Hoy.