Saber priorizar

Me indigna que nuestros legisladores pierdan el tiempo discutiendo lo que ya está legislado, habiendo tantos otros problemas que requieren tomar decisiones prontas y adecuadas.

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Por Elizabeth Castro

25 August 2017

Debemos enfocar nuestros esfuerzos en salir de la violencia, la pobreza, la falta de educación y de salud que padecemos. Pero no: estamos enredados en una campaña casi mundial para que nuestra legislación acepte el aborto, además del embate permanente del lobby LGBTI para la instauración de la unión homosexual con el nombre de “matrimonio”, equiparándolo en igualdad de condiciones al mismo.

Me opongo rotundamente a ambas iniciativas. Y me indigna que nuestros legisladores pierdan el tiempo discutiendo lo que ya está legislado, habiendo tantos otros problemas que requieren tomar decisiones prontas y adecuadas.

Me explico.

Un prestigioso abogado constitucionalista me comentaba que nuestra Constitución establece que, cuando la gravedad del caso exija tener que ¿elegir? entre la vida de la madre o del bebé, el médico puede y debe tomar la decisión que la ciencia especifique. La medicina tiene hoy todas las herramientas necesarias para salvar ambas vidas y, cuando habiéndolo hecho todo, una de esas vidas se pierde, la ley no lo juzga como un asesinato (que asesinato sí es el aborto). Es decir: el hacer creer que las embarazadas, impedidas de abortar, son víctimas de una legislación que las obliga a morir, es una vil patraña.

En cuanto a los embarazos en niñas o productos de estupro o violación, deben erradicarse mediante una educación integral (no solamente educación sexual) y castigarse con todo el peso de la ley. Porque aprobar la salida fácil de que, entonces, pueda optarse por el aborto, lejos de ser una salvaguarda para las niñas, jóvenes y mujeres, será un disparador de la violencia sexual y de la promiscuidad, dado que ya no habrá que afrontar sus posibles consecuencias. Es abrir un boquete legal por el que quepa cualquier cosa.

Otro abogado me decía que tampoco es necesario establecer el “matrimonio” homosexual, ya que los convivientes, para protegerse económicamente en caso de fallecer uno de ellos, pueden testar el uno a favor del otro, abrir cuentas bancarias mancomunadas o nombrándose beneficiarios, lo que también pueden hacer con las pólizas de seguro, etc. Y, ¿si desean adoptar niños? (¡Me parece horrendo!) Pues ya tenemos leyes al respecto que, por lo que parece, son sumamente drásticas; ojalá que incluyan en sus requisitos el que los padres adoptivos deban ser padre hombre y madre mujer, para bien de esos niños.

En fin: no es necesario alterar nuestra Constitución solo por dar gusto a minorías, de ninguna manera desprotegidas, sino sedientas de privilegios.

El aborto y la homosexualidad han existido desde que el mundo es mundo. La diferencia es que antes quienes los practicaran asumían cada uno las consecuencias de sus actos. Ahora no; actualmente aspiran a que esos temas se conviertan en “derechos”, amparados por las leyes y de obligatorio cumplimiento para el resto de los mortales. Es decir: que la sociedad asuma las consecuencias de esas prácticas que ningún bien han traído al mundo, para descargar sus conciencias y pensar que, como es “legal”, también es “bueno”.

Diputados, nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción, define a la familia como base de la sociedad y el Código respectivo determina el matrimonio entre hombre y mujer (así nacidos) como baluarte de la familia. Eso es lo que deben defender; no se dejen embaucar y legislen sobre lo que sí necesita El Salvador.

*Columnista de El Diario de Hoy.