En algunos países el uso político de los programas sociales es sancionado como delito electoral. Se trata de promesas que el gobierno de turno, central o local, realiza a los ciudadanos proponiéndoles beneficios a cambio de su voto.
El pedido de los partidos suele no ser evidente y explícito. No reclaman el voto abiertamente pero señalan que los “favores” que se han recibido en los últimos años continuarán si se mantienen en el cargo las mismas autoridades. Ciertamente los servicios que proporcionan las administraciones públicas resuelven los problemas de la gente; sin embargo, en ocasiones las alcaldías o el Ejecutivo calculan electoralmente cuándo es más recomendable entregar los bienes con el propósito de inducir la voluntad del elector para favorecer a determinada organización partidaria. Por esa razón se prohíbe la inauguración de obras con anticipación a las elecciones.
Este tipo de estrategias puede utilizarse por quienes gobiernan o por la oposición política. Ambos estarían cometiendo un ilícito al influenciar a los ciudadanos para que, de manera libre u obligatoria, respalden a los candidatos que conceden dádivas a cambio del sufragio. La gente, con miles de necesidades, suele no razonar su voto, principalmente en regiones en las que abunda la pobreza y son escasas las oportunidades de empleo y, por tanto, atiende sin reparos el llamado del oficialismo o el de sus adversarios para hacerse acreedora de alimentos, materiales de construcción o dinero en efectivo, entre otros posibles recursos. Nicaragua con el “plan techo solidario”, en el que se reparten láminas a los pobladores; Venezuela, con las “misiones”, y acá mismo, con los proyectos de Alba Petróleos, que el estudio de la Universidad de Salamanca calificó como “clientelares”, son algunos de los sitios en los que se evidencia el empleo interesado de las políticas gubernamentales.
En México se presentó un ejemplo adicional. La “tarjeta rosa”, también conocida como “salario rosa”, llama a pagar un sueldo mensual a las mujeres que se dedican a labores del hogar. En las recientes elecciones, el Partido de Acción Nacional (PAN) denunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el cometimiento de un supuesto delito electoral. “Se promete a las votantes que si gana el PRI podrán cambiar la tarjeta por otra en la que se les depositaría mensualmente una cantidad de dinero”. La acusación específica consiste en que se estaría remunerando u ofreciendo remunerar a cambio del voto, conducta que en ese país está penalizada con prisión de seis meses a tres años.
Impedir estos comportamientos fraudulentos es vital para preservar la equidad de las competencias electorales. Lo mismo se puede decir del acceso de los candidatos a los medios de comunicación públicos, de la prohibición para utilizar recursos del Estado con la finalidad de promover a los aspirantes del oficialismo, y de la regulación tanto del dinero que perciben los partidos para sufragar los gastos de campaña como de las fuentes de donde proviene.
Siguiendo con el ejemplo mexicano, recientemente, de cara a las elecciones generales de julio de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un conjunto de normas denominado “cancha pareja”. Son disposiciones que aplican para todos aquellos que aspiren a un puesto de elección popular. Persiguen garantizar la libertad de expresión en redes sociales de cualquier ciudadano, periodista o actor político, y regular el uso de recursos, públicos o privados, para costear la propaganda. En México el financiamiento público para los comicios del próximo año asciende a $6,788.90 millones de pesos equivalentes a un aproximado de USD$340 millones de dólares. El INE no decide cuántos recursos obtienen los partidos, solo aplica lo establecido en la Constitución. Entre el PAN y el PRI se repartirán $2,970 millones de pesos.
A las necesidades de una tecnología electoral adecuada, de la integración de las Juntas Receptoras de Votos y la capacitación de sus miembros, de reformas a la legislación para agregar otras causales que permitan el recuento y la apertura de las urnas, se suman las de controlar, de manera rigurosa, cualquier actuación encaminada a la compra de votos, de manera explícita o disfrazada, y la de vigilar el origen y el uso del dinero en la política.
*Columnista de El Diario de Hoy.