Muchos quisiéramos pensar que solo fue un mal sueño, pero el hecho de que seguimos lidiando con sus nefastas consecuencias sirve de confirmación de que, efectivamente, la administración de Mauricio Funes sucedió. La tregua del gobierno con las pandillas, en la que se intentó que las maras disminuyeran extorsiones y homicidios a cambio de privilegios en el sistema penitenciario, se encuentra nuevamente en discusión debido al juicio en el que se procesan varios de los negociantes por crímenes cometidos durante el proceso.
De la tregua como tal puede criticarse muchísimo. Especialmente la poca transparencia con la que actuó la administración de Funes. El aspecto de sí el estado de derecho y el cumplimiento de la ley son o no negociables y sí no quebranta a la igualdad ante la ley que no todos podamos sentarnos a negociar privilegios en el sistema penitenciario es también una crítica común que se hace de la tregua, pero la realidad es que la insostenibilidad del status quo -- las docenas de muertos diarios -- invitó, por lo menos desde una perspectiva pro-vida, a considerar medidas sui generis.
El problema actual se encuentra en que como ciudadanía se ha vuelto cada vez más difícil saber a qué políticos y funcionarios públicos creerles, puesto que la luz que se ha arrojado en el proceso ha sido más o menos como destapar un resumidero: ha quedado en evidencia la bajeza de las alimañas que pretenden gobernarnos. Si bien pueden encontrarse múltiples argumentos a favor de la tregua como tal, de intentar forjar paz en nuestra violenta sociedad a través del diálogo y de una discusión que encamine una eventual reforma del sistema penitenciario que permita la rehabilitación, lo que es, a todas luces, inadmisible es la explotación que hicieron los principales partidos políticos de la violencia y la criminalidad para intentar sacar votos. No solo explotaron el proceso, que pudo haber sido positivo, lo ensuciaron de manera que será imposible forjar paz a través de esta vía pues se ha perdido la confianza de la ciudadanía, involuntariamente atrapada en medio del sándwich del gobierno y las pandillas.
Si en realidad cambiaron dinero por votos y actos criminales para impedir el derecho a asistir a las urnas de gran parte del electorado, el FMLN y ARENA han demostrado que poco es lo que los diferencia. Que las pandillas y la ola de criminalidad no son, para ninguno de los partidos que aspiran gobernar nuestro país, un problema estructural a resolver con años de política pública consistente, inversión en las comunidades o reforma del sistema penitenciario, sino una conveniente situación que el cinismo los ha llevado a explotar con el fin de beneficiarse electoralmente. Si les interesa mantener la confianza del electorado, les urge distanciarse del intercambio de dinero y de quienes lo propusieron, y pedir perdón a la ciudadanía por haber ensuciado lo que pudo haber sido un proceso constructivo.
La otra triste conclusión es que de la tregua, quienes más se terminaron beneficiando fueron las cúpulas de las pandillas, con la plata y los privilegios en los centros penales. No la sociedad civil. No los miembros de la sociedad civil que de buena fe y algo de ingenuidad intentaron participar en el proceso, pues se les está pagando con calumnias y con la expiación de los pecados de quienes desde el gobierno no quisieron ensuciarse. Tampoco se beneficiaron los pandilleros que no integran el liderazgo de las pandillas, la carne de cañón atrapada por la estructura criminal y sin mayor opción que unirse, emigrar, o morir; estos difícilmente vieron mejoradas sus condiciones. Como tampoco vieron mejoradas sus condiciones las víctimas de la absurda criminalidad que se ha vuelto la perpetua realidad nacional.
*Lic. en Derecho de ESEN
con maestría
en Políticas Públicas
de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg