Esta semana la opinión pública ha estado centrada en el juicio que se lleva a cabo contra 18 ciudadanos acusados por agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos a los penales y actos arbitrarios; algunos de los imputados pueden ser condenados hasta 16 años de cárcel.
Esta es la formalidad que esconde lo que realmente escandaliza a la ciudadanía, como es la tregua entre las pandillas que al parecer fue avalada e incluso gestada durante el gobierno de Mauricio Funes. Particularmente, es escándalo cuando un “testigo criteriado” ha señalado que los principales partidos políticos dieron dinero a los mareros para que les apoyara durante las elecciones.
El juicio ha finalizado. Ahora falta la sentencia del juez; mientras esto suceda queda en el aire un punto que al parecer es clave tanto para la defensa como para la parte acusadora, esto es, si la tregua y las acciones de los imputados formaron o no parte de una política de Estado o al menos una acción del gobierno de Funes; determinar una u otra cosa tendrá no solo resultados diferentes si no consecuencias distintas que incluso pueden llevar al “banquillo de los acusados” a funcionarios de primera línea del gobierno anterior.
Permítanme incursionar, aunque sea a vuelo de pájaro y en tres puntos, de qué hablamos cuando nos referimos a políticas públicas.
Uno, la política como conocimiento va más allá de dos realidades que pareciera agotan esta disciplina. Por un lado, los mecanismos del poder y la legitimidad de este; por ejemplo, luego de un proceso electoral o la imposición a través de la fuerza; y por otro, el mundo de la representación política que generó los estilos de gobierno y sus partidos. Hay otra dimensión que trata este saber, una dimensión que va encaminada a analizar y reflexionar por la formación de decisiones políticas y por su puesta en marcha. Esta corriente que algunos estudiosos dicen que forma parte de la llamada escuela del “public policy”, vincula la política en acción conectando con otras ciencias como la economía, el derecho o la sociología, y nos permite adentrarnos a los procesos de intervención pública en la sociedad.
Dos, en el estudio de las políticas públicas, como lo señala el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración, Joan Subirats, se parte del supuesto pluralista en el que poderes y recursos se distribuyen de manera desigual, y en el que los procesos decisionales son más bien el resultado de interacciones múltiples en las que participan muchos actores como lo son los políticos electos, funcionarios de todo nivel, grupos de interés, expertos, académicos, medios de comunicación, entre otros.
Subirats, quien prologa el clásico libre sobre el tema de Charles E. Limdblom de la Universidad de Yale, sostiene que cuanto hablamos sobre “Política Pública” nos estamos refiriendo a “procesos”, decisiones, resultados… pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y perspectivas evaluadoras…”. En definitiva, se está ante un panorama lleno de “poderes” en conflicto, enfrentándose y colaboran ante opciones y cursos de acción específico.
Y tres, en la formulación de políticas públicas, tal como lo señala Limdblom, hay dos cuestiones fundamentales: por un lado, como hacer más efectiva las políticas públicas para resolver los problemas sociales; esto tiene que ver la necesidad de información y análisis sobre el tema, así quién proporciona la información y quién hace el análisis. Y por otro lado, como hacer una política pública responda al control popular que por lo general se le brinda “cierto cheque en blanco” cuando se elige a los dirigentes de una nación en un proceso democrático y libre; cosa contraria es cuando se trata de regímenes no democráticos que se imponen por la fuerza.
Las políticas públicas tienen esta característica, se trata de acciones que nacen para responder a un problema y que buscan tener el mayor grado de carácter científico y técnico, además que permanezcan en el mundo de la política.
Dicho esto, ¿es o no es una política de Estado la fallida tregua?... no me cabe la menor duda de que se trata de una política de Estado que pretendió dar una respuesta al creciente problema de las maras y su incidencia en el país… En este sentido, no solo el expresidente Funes, su gabinete de seguridad estaba al tanto sino que nació en las mismas entrañas de su gestión.
* Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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