El descarrilamiento de la democracia, de la institucionalidad y del Estado de derecho en Venezuela activó las alarmas en toda América Latina. La confesión de la empresa encargada del procesamiento de los datos durante la jornada en la que se celebró la criticada convocatoria a la asamblea constituyente, reconociendo la manipulación de los resultados por parte de oficialismo, confirmó la sumisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) al régimen chavista.
La subordinación y pérdida de autonomía del encargado de organizar y administrar las votaciones aniquila por completo la viabilidad de todo sistema democrático. En este último las autoridades nacionales y locales son elegidas en comicios periódicos, libres y competitivos, mediante el sufragio de los individuos recogido transparentemente por tribunales independientes.
El desequilibrio de poderes y la adulteración de la voluntad ciudadana, obligando a la población a aceptar una nueva constitución, convierten a Venezuela en un referente altamente peligroso y dañino para las democracias en el mundo. También obliga a los Estados a revisar los controles establecidos para que las entidades públicas funcionen sin ataduras ideológicas con especial énfasis en los árbitros electorales.
En el caso salvadoreño, ante el respaldo del gobierno al régimen de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe dar señales de absoluta imparcialidad y neutralidad partidaria. Las especulaciones acerca de la realización de elecciones fraudulentas en 2018 aumentarán como consecuencia de lo sucedido en Venezuela y ante la solidaridad que el presidente Sánchez Cerén ha mostrado a su homólogo bolivariano.
Ciertamente desde el acuerdo de Chapultepec se erradicaron las viejas trampas para acceder al poder. Sin embargo, con la evolución del sistema electoral, particularmente en las legislativas de 2015, se presentó una serie de problemas que acarrearon duras críticas para el TSE como no se había escuchado desde 1994. La falta de consensos entre los magistrados electorales, los defectos de la tecnología contratada, los errores en el conteo de votos y en el llenado de actas, y la capacitación tardía de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, entre otras situaciones, demostraron que las mejoras que dejó la paz fueron rebasadas por los cambios sufridos en los últimos cinco años. Lo anterior ha obligado al TSE a modernizar su funcionamiento para asegurar competencias limpias y bien administradas.
Una sana estrategia de esa instancia en estos tiempos de tanta sospecha sería acercarse a las organizaciones de la sociedad civil y pedir misiones de observación técnica a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esa táctica le permitiría al Tribunal Supremo Electoral disminuir los recelos y conseguir respaldos. La auditoría informal, no vinculante, que diferentes entidades privadas y la OEA pueden hacer en aspectos como el de la tecnología que se utilizará para el conteo de votos, y el procesamiento y la transmisión de resultados, alejaría los “fantasmas” que por ahora sobrevuelan, abundantemente, alrededor del proceso de 2018. Esta alianza también le podría facilitar al Tribunal la búsqueda del voluntariado que, según algunos magistrados, se utilizará como un plan alternativo para integrar a las JRV que necesitan más de 94,000 personas.
Durante el 2012, en los primeros comicios en que el votante pudo ordenar la lista de diputados del partido de su preferencia según su mejor criterio, el apoyo de una red de universidades, centros de pensamiento, movimientos sociales y ciudadanos fue fundamental para la tarea de educación cívica. En esa ocasión la cooperación internacional, con la supervisión del TSE, solicitó a dicha red su participación a nivel nacional para mostrar a los habitantes el nuevo mecanismo de votación.
El riesgo de acercarse a marzo del próximo año con una estela de temores sobre la veracidad de los resultados electorales puede intensificarse en la medida que el TSE no comunique sus acuerdos ni pida acompañamiento a terceros ajenos a la institución. Por ahora dos de los cinco magistrados han asumido la tarea de informar sobre los avances del Plan General de Elecciones. Sin embargo, es necesario que el Tribunal en pleno anuncie y explique las decisiones y pida la verificación de la OEA, la Unión Europea y la sociedad civil sobre instrumentos como el padrón electoral, los servicios tecnológicos y el control del financiamiento político.
*Columnista de El Diario de Hoy.