Esta semana inició el juicio en contra de las personas acusadas por ilícitos cometidos en el contexto de la negociación entre el Gobierno y cabecillas de pandilla, conocida mediáticamente como “la tregua”. Después de escuchar las declaraciones brindadas por los imputados, abogados defensores y otros voceros en los medios, no me queda duda de que el arquitecto del pacto con jefes pandilleros, como es costumbre, está apostando por la opción más cobarde, la menos digna, la que deja al descubierto su mezquindad y la facilidad con la que traiciona sin remordimiento o empatía para quienes depositan su confianza en él.
El hombre que envió para que tomara control del caso, ha logrado imponer la estrategia de defensa a los acusados, convenciéndolos que su mejor opción es luchar por que en el proceso quede establecido que “la tregua” fue una política de Estado. Realmente asombra la pericia y efectividad que ha demostrado este emisario jurídico, logrando vender a los imputados que esta estrategia es su salvación, cuando no tiene ningún efecto sobre las acusaciones que pesan sobre ellos.
Los tradicionales voceros encargados de repetir hasta la saciedad (sin vergüenza alguna) la versión oficial del pacto pandillero, reclutados para hacerle frente a las críticas e indignación ciudadana, han dicho, reiteradamente, que “la tregua” como tal, no constituye delito. Esta afirmación está parcialmente correcta. Cuando el arquitecto del pacto formuló y ejecutó su plan de negociar con jefes pandilleros, negociar con estos grupos no constituía delito en sí. Sin embargo, y aquí es donde está el truco, la forma en que se desarrolló la negociación y lo que involucró, sí pudo haber implicado la comisión de ilícitos. Estos no dejarán de ser crímenes, aunque hayan sido perpetrados en el marco de una política pública. Los delitos no dejan de ser delitos solo porque se cometan o contemplen en políticas públicas, si esto fuese así, se podría establecer como política de Estado eliminar a todos los pandilleros sin que los asesinatos resultantes se considerasen delitos. Las leyes están allí precisamente para que todos, hasta las autoridades, se adhieran a ellas.
La actual estrategia de la defensa no busca librar de culpa a los acusados. No tiene ningún impacto sobre la estrategia acusatoria, ya que no desvirtúa o pone en duda la veracidad de las pruebas presentadas por los fiscales. Hasta ahora, la defensa simplemente no está estructurada con los intereses de los defendidos a la base. El único que sale beneficiado de esta estrategia es el arquitecto tregüero. Mantener a la defensa en el rumbo actual acomoda el escenario para que pueda argumentar que “la tregua” no fue su idea y que tampoco la ejecutó en secreto. Permite que tranquilamente se lave las manos y descargue la responsabilidad sobre su jefe y subalternos. Puede argumentar, por un lado, que no fue su proyecto, sino de su gobierno y, por otro, puede negar que la concepción original nunca involucró la comisión de ilícitos y atribuírselos a los encargados de la ejecución en el terreno (los que están en juicio), aduciendo que se dispararon. Esto no beneficia en nada a los ahora acusados, al contrario, los ubica en una posición vulnerable.
Este lunes, el juez Especializado de Sentencia asignado al caso, Godofredo Salazar, se mostró exigente con los fiscales, declarando inadmisibles videos ofrecidos como prueba por los acusadores, en los que presuntamente aparecen personajes encargados de la ejecución de “la tregua” y cabecillas de pandilla reunidos en centros penales. También advirtió a los fiscales que modificaran sus preguntas durante el interrogatorio a monseñor Fabio Colindres, argumentando que no eran las adecuadas. Sería sumamente raro que la acuciosidad mostrada por el juez Salazar no detecte las deficiencias de la defensa y que lo llevan a realizar que éstas no buscan favorecer a los acusados, sino al arquitecto tregüero.
*Criminólogo
@_carlos_ponce