El presupuesto de 2017 está fuera de la realidad y por eso es inconstitucional. Así lo dictaminó la Sala de lo Constitucional. En corto, no cumple el principio de equilibrio presupuestario, no se consideran gastos obligatorios y abundan los innecesarios. Se mantienen intactos las asignaciones de muchos ministerios y dependencias, mientras que para el pago de pensiones fijan mil dólares a una partida que ya sabíamos que necesitaba doscientos treinta millones de dólares en este año. Es como si del presupuesto de su casa, usted apartara una cantidad para salir con sus amigos, pero no sabe cómo pagará el colegio de sus hijos.
Esta no es la primera vez que la Sala interviene en el presupuesto. Hace un par de años estableció que es inconstitucional la existencia de partidas presupuestarias libres de auditoría y control, rechazando las llamadas “partidas secretas” o de gastos imprevistos. Además, en otras resoluciones ha dicho que hay gastos que pueden recortarse para comprar, por ejemplo, medicamentos para la hemofilia. A pesar de que estas medidas le suenan lógicas a cualquier ciudadano que le cuesta ganar su salario y salir con los gastos mensuales, el Gobierno y la Asamblea parecen no entender y no las han cumplido como deberían. Se niegan a hacer bien un presupuesto y a ordenar las cuentas del Estado.
El problema fiscal de El Salvador hay que arreglarlo y para eso es necesario, en primer lugar, ordenar la casa e implementar una verdadera política de austeridad. Cuando hablamos de recortar gastos varios funcionarios del gobierno han tergiversado las intenciones y han intentado satanizar las acciones. Lo primero que dicen es que se eliminarán los programas sociales, que no se entregarán uniformes ni alimentos a los niños en las escuelas, que no habrá medicinas en los hospitales y que se tendrá que despedir gente del aparato estatal. Nada más alejado de la realidad. Pareciera que su única intención es meter miedo a la gente necesitada que se beneficia de dichos programas.
El recorte de los gastos se tiene que dar en el día a día y donde existe grasa. Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado. Y, por otro lado, tengan a gente sufriendo la falta de un medicamento en un hospital o un niño yendo a una escuela sin agua. Si camináramos en los pasillos de las distintas instituciones públicas probablemente encontraríamos gastos que podrían eliminarse y que se invertirían mejor en áreas que beneficien directamente a distintos sectores poblacionales.
Y, seamos honestos. El Estado tiene una planilla sobrepoblada, donde se paga salario a dos personas por el trabajo que bien podría hacer una si se pone las pilas. Los administradores del aparato estatal tienen que hacer una purga y eliminar las plazas innecesarias, hacer un ajuste de salarios para pagar a cada quien por el trabajo que corresponde, y establecer un verdadero sistema de control del servicio civil. No existe un mecanismo de supervisión de la eficiencia de cada empleado público y no sabemos con certeza cuántos empleados debería tener el Estado para salir con sus quehaceres. Los tres Órganos del Estado están obligados a colaborar con las medidas que ayuden a reducir gastos e invertir de mejor manera el dinero disponible.
La diputada Lorena Peña, analizando lo dicho por la Sala en un programa de televisión, señaló que las medidas ordenadas para tratar de solventar la crisis fiscal y que se corrija el problema de equilibrio presupuestario son una lista de súper; y que el Gobierno tenía más y mejores reglas sobre la austeridad que las que se establecen en la sentencia. Si ya tienen un plan para sacar a país de la crisis y si creen que este caminaría mucho mejor sin la existencia de la Sala de lo Constitucional, adelante, demuéstrenlo. No se arriesguen a que les sigan corrigiendo la plana.
*Columnista de El Diario de Hoy.