Los pronunciamientos realizados por los partidos y organizaciones de izquierda en el Foro de São Paulo son preocupantes. Estos ya no solo hablan de construir una alternativa a los partidos y organizaciones de derecha, lo cual es válido y necesario para fomentar una pluralidad de pensamiento; el fin primordial de la búsqueda de la justicia social ha quedado a un lado. Ahora estos pronunciamientos pretenden cimentar la idea de que los medios de comunicación que no alaban a la izquierda están al servicio de la derecha política y empresarial; que la toma de todas las instituciones del Estado es necesaria para consolidar su proyecto político y que quien no piense como ellos está equivocado.
La férrea intención de adueñarse de todas las instituciones y poderes del Estado, principalmente la toma de los poderes judiciales, es una declaración concreta en contra de la democracia. En un Estado Constitucional de Derecho es imperativo la existencia de la separación de poderes; pero, sobre todo, es necesario que existan entidades capaces de ejercer control sobre las mismas instituciones públicas y así evitar los abusos de poder.
Distintos funcionarios del FMLN critican el actuar de instituciones como la Sala de lo Constitucional, Sección de Probidad y Fiscalía General de la República, olvidando que cuando la oposición se encontraba en el poder eran ellos quienes exigían su actuación. Es una lástima que en esos tiempos dichas instituciones no se atrevían actuar con la firmeza que hoy lo hacen, pero eso no justifica que hoy pretendan comportarse como lo que antes tanto criticaban.
La dañina pretensión del FMLN de controlar el Órgano Judicial ha sido una de las luchas constantes en los últimos 8 años. En diversas ocasiones funcionarios o miembros de dicho partido han manifestado que la labor de la Sala de lo Constitucional se trata de un sabotaje a su gestión por el hecho de pronunciar sentencias que políticamente no les conviene; han llamado a sus simpatizantes a apoyar sus acciones contra esta institución, lo cual se ha traducido en amenazas, bloqueos a la libertad de circulación de los magistrados y en un intento de botar el portón de la Corte Suprema de Justicia. Eso no es democracia.
Por otra parte, la intención de callar a los medios de comunicación no es más que una muestra del escaso compromiso con una verdadera transparencia que tiene el Gobierno. Resulta inaudito que los funcionarios pretendan establecer lo que los medios deberían publicar o no, a quienes deberían criticar e incluso llegan a culparlos de sus fracasos. Los medios libres no atentan contra las instituciones ni generan antipatía hacia los grupos políticos; simplemente los supervisan y los dejan al descubierto para que los ciudadanos se informen de distintas fuentes para tomar una decisión de apoyo o rechazo. Buscar el silencio de los medios tampoco es democracia.
La semana pasada varios funcionarios del FMLN criticaron duramente las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, sobre las repercusiones que pueden causar al país las recién aprobadas reformas a la Ley de Extinción de Dominio. La diplomática recordó que la voluntad política de luchar contra de la corrupción es uno de los requisitos que Estados Unidos establece para recibir fondos de cooperación; esto fue suficiente para que varios funcionarios la acusaran de injerencista.
Resulta increíble que los políticos se molesten por la petición de una diplomática de luchar contra la corrupción. No les están pidiendo que hagan algo malo, que coman niños o que hagan jabón a los viejitos; simplemente que colaboren para erradicar las practicas dañinas en el Estado para acceder a la ayuda que su Gobierno brinda al país. Es aquí que cuesta entender cuáles son los intereses de los partidos políticos y a qué o quién pretenden defender.
Cualquier intento de totalitarismo, de derecha o de izquierda, es perjudicial para el país. Los ciudadanos debemos estar conscientes que es nuestra obligación estar pendientes de que exista un Estado de Derecho, el cual se garantiza con la independencia de pensamiento entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el efectivo ejercicio de control entre dichos órganos y la alternancia en el poder. Es peligroso que una persona o un partido político pretenda enquistarse en el poder o que sus acciones se libren de la revisión o critica ciudadana. Sin democracia perdemos todos.
*Columnista de El Diario de Hoy.