El periodista Xavier Fontdegloria publica en “El País” de España una historia sobre la renuncia de la ministra de Defensa japonesa, Tamomi Inada; al parecer, la dimisión se suma a varios escándalos políticos que golpean duramente al primer ministro de Japón, el conservador Shinzo Abe.
No pretendo analizar la situación actual de Japón, mucho menos evaluar la gestión de Abe, ni siquiera valorar los motivos políticos sobre la renuncia de la ministra Ina. Simplemente quiero recoger el hecho fáctico que provocó la dimisión de la conservadora ministra de Defensa.
Ocultar información sobre las actividades de las tropas de las Fuerzas de Autodefensa desplegadas en la misión de paz de la ONU en Sudán del Sur fue la causa directa de la renuncia; según la historia de Fontdegloria, el gobierno de Abe ha replanteado el papel de las fuerzas armadas de Japón, lo que incluye participar en acciones de paz internacionales o acudir en ayuda de un aliado que se encuentre en peligro, cuestiones que desde la Segunda Guerra Mundial las tenía prohibidas al igual que participar propiamente en acciones bélicas.
En este contexto, Japón envió un contingente de militares a Sudán del Sur para unirse a los Cascos Azules; la legislación señala que estas misiones pueden desarrollarse siempre y cuando no haya un conflicto armado en desarrollo.
El punto es que se escondieron datos que evidenciaban un empeoramiento de las condiciones de seguridad de los militares japoneses en el país africano; una investigación interna en el Ministerio de Defensa determinó que se ocultó información no solo al mismo gobierno sino a la opinión pública, aunque exime de responsabilidad a la ministra Ina. Sin embargo, la funcionaria, tal como lo consigna Fontdegloria, depone el cargo aduciendo “responsabilidad” al ser la cabeza del Ministerio de Defensa.
Tres cuestiones al respecto: uno, el gobierno, sea cual sea, debe ceñirse a lo que la Constitución y la ley le manden; no hay vuelta de hoja al respecto, como tampoco la hay para quien se la pase de vivo y viole la ley, lo que lo llevará, tarde o temprano, al castigo o la sanción adecuada. “La mentira tiene patas cortas... además, tarde o temprano cojea”, dice el dicho.
Dos, por muy secreta que sea la operación del gobierno, ésta debe ser fiscalizada, sino por la opinión pública, al menos por los organismos controladores propios que el sistema designe; eso de que las “cosas queden en la obscuridad” no se vale en la gestión pública y menos en la democracia.
Y tres, el papel de la prensa en esta dinámica tiene que ver con la transparencia de los hechos; una de las funciones claves de los periodistas es develar lo oculto, sobre todo aquello que tiene que ver con la función pública o que toque los intereses de la población.
Informar es importante, permite a los ciudadanos enterarse de lo que sucede a su alrededor; informar sobre la gestión pública, sobre la labor de los funcionarios, el quehacer del gobierno que nos representa y que usa no solo los fondos sino los recursos del Estado, deben transparentarse en todo momento y objeto noticioso de la prensa.
Esta labor cada vez más se complica, no solo porque el poder --ahora en manos de la izquierda que en un pasado cercano enarbolaba la bandera de la transparencia y el combate contra la corrupción-- se blinda y trata de protegerse olvidando sus principios e ideales, sino porque en no pocas veces se está involucrado directa o indirectamente, por omisión, por ignorancia o por todas estas cosas juntas, en acciones que además de reñir con la ley afectan a la población directamente.
Una decisión que favorece a un proveedor ineficiente o que llega a prestar un servicio porque dio regalías a sus mentores, no solo se trata de una acción de corrupción sino por lo general no da buenos resultados en beneficio de la población. Todavía más: una “mala decisión” de un ministro afecta el presupuesto de Nación o de la cartera indicada además de que provoca un perjuicio a los usuarios... Dar a conocer estos hechos, publicarlos con detalle es importante, pero lo es más aún, que los funcionarios involucrados por decencia puedan reconocer el error y al menos poner su renuncia, o en todo caso, aceptar los hechos y cumplir la pena que les imponga la justicia…
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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