Esta semana, a raíz de las festinadas modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio aprobadas por un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa (a la que cada vez cuesta más anteponerle el adjetivo Honorable), hemos sido testigos de una intensa escaramuza de declaraciones públicas de funcionarios. Desearía que tal intercambio terminara hoy jueves cuando escribo esta nota.
Inició con las declaraciones de la representante del gobierno de un país amigo, el más importante tanto en términos de cercanía emocional para muchos compatriotas que tienen familiares viviendo allá (¿quién no?) como en términos de la cooperación financiera que nos brindan para el desarrollo. La diplomática declaró que aquellas reformas aprobadas por algunos diputados eran un retroceso en el combate a la corrupción.
El vocero presidencial contestó prontamente. Sus declaraciones tuvieron un tono, por ambiguo, poco feliz. Pareció no tener en cuenta el peso que el cargo que desempeña otorga a sus declaraciones, y casi invadiendo el ámbito de responsabilidad del Canciller de la República. Dijo que le parecía que las expresiones referidas eran inadecuadas pues criticaban decisiones internas de una nación soberana e independiente. ¡Faux pas!
“Estoy hablando sobre las perspectivas del gobierno que represento. Hay 16 criterios claros que los miembros de nuestro Congreso revisan al momento de decidir sobre cuáles naciones apoyar. El combate a la corrupción es uno de ellos y a mí me parece que esta nueva reforma no muestra la voluntad política para luchar contra la corrupción”. Aclaración firme ésta: estoy trabajando para quienes represento. Mi función consiste en observar, interpretar, comunicar y relacionar con la política de mi gobierno lo observado, los gestos visibles de los más importantes actores de este país en el que desarrollo mi misión. ¡Touché!
Debe ser difícil ser buen funcionario. Hay que tener conocimientos de lo que el puesto exige, hay que tener capacidades desarrolladas para cumplir con las exigencias del mismo, hay que saber distinguir cuándo se pueden decir las cosas, dónde es mejor decirlas, a quién conviene decirlas y, sobre todo, cómo decirlas. En asuntos delicados, importa igual qué se dice y cómo se dice.
Debe ser muy difícil ser buen representante. Debe tener claro a quién representa, cuáles son los verdaderos intereses de los representados, cuáles son los mejores caminos para procurarlos, debe escoger qué batallas dar y cuáles dejar pasar, debe reconocer cuándo ser firme y cuándo abona más a los representados una actitud conciliadora, por lo menos en las formas. Debe saber que, a veces, callar es mejor.
Pero también nuestro papel se ha vuelto difícil. Ser los representados ya no es fácil, al menos con el esquema actual que nos rige. Nuestra responsabilidad principal es la elección de quienes dicen representarnos. A decir verdad, la información que tenemos sobre ellos, cuando son candidatos, es relativamente poca como para poder hacer predicciones valederas acerca de su futuro comportamiento. Por eso nos gustaría que los partidos que los proponen hicieran también su parte del trabajo escogiendo a los mejores, ellos que sí los conocen bien, e inhibiendo de participar a quienes sea evidente no estarán a la altura del cargo. Pero esto es mucho pedir, lo sé.
El problema principal que tenemos los representados es: ¿qué hacemos cuando —ya en el ejercicio de sus funciones— resulta que los representantes electos no se desempeñan como quisiéramos? ¿Cómo hacemos para hacerle saber a los representantes, del signo que sean, que ya no nos sentimos representados por ellos? Para decirles que se agarren de las manos y se saquen. Pareciera que, actualmente, solo podemos esperar hasta la siguiente elección. Pero …¿y mientras tanto?, ¿será verdad que solo eso podemos hacer?
* Psicólogo
y colaborador de El Diario de Hoy.