El alboroto causado por la renuncia de dos diputados a su reelección para la Legislatura 2018-2021 por el principal partido de oposición ha provocado el debate sobre los procedimientos y criterios que se están aplicando en las elecciones internas de los partidos políticos. Estos últimos fallaron al no divulgar públicamente los requisitos que exigirían para tamizar las solicitudes de los aspirantes a precandidatos. Transparentar esta información probablemente habría evitado el escándalo mediático que causó el rechazo de las personas propuestas por los legisladores Wright y Valiente como sus suplentes.
El episodio del fin de semana nos deja dos reflexiones. La primera tiene relación con las condiciones establecidas por las dirigencias de los institutos políticos para la inscripción de los precandidatos. Puede tratarse de la experiencia en actividades de servicio, la preparación académica y la militancia previa, entre otros aspectos. Estas formalidades deben ser coherentes con lo dictado por la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones y con los requerimientos que señala la Constitución de la República. En efecto, se requiere de filtros que prevengan una inscripción masiva de aspirantes, algunos de los cuales probablemente no reúnan el perfil indispensable para los cargos respectivos. Sin embargo, los reglamentos de los partidos no pueden imponer, a quienes aspiren a competir, “barreras de entrada” más allá de las indicadas en las sentencias de la Sala y en la Carta Magna.
Por otra parte, si la normativa está apegada a Derecho surge la obligación de aplicarla de manera uniforme a todos los precandidatos. No es válido exigir determinadas calificaciones a unos y a otros relajarle su imposición con tal que puedan ser aceptados sin problema alguno. En otras palabras, el “colador” tiene que ser parejo y no arbitrario. De lo contrario, los partidos se exponen a reclamos y a nulidades que pondrían en riesgo la inscripción de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.
En un proceso de este tipo las reglas son fundamentales. Su ambigüedad o su empleo abusivo e injusto puede provocar sismas innecesarios en los partidos. También es fundamental que quienes valoren la posibilidad de someterse a la competencia por la candidatura a diputado, alcalde, presidente o vicepresidente calculen los riesgos, asuman que otros buscan ganar el proceso y reconozcan los resultados. Si no están conformes existen los mecanismos para apelar las decisiones hasta llegar, si fuera el caso, a pedir la intervención del árbitro electoral.
La segunda consideración tiene que ver con los valores, las posturas y los principios de los precandidatos. Aspectos como la probidad y el compromiso con materias asociadas a la transparencia, al acceso a la información pública, a la separación de poderes, a los derechos fundamentales y, en general, a las condiciones de todo sistema democrático, indudablemente no tienen discusión alguna. Los que no comulguen con estas ideas no podrían ser tomados en cuenta.
Luego vienen los controversiales temas “liberales” y “conservadores”. Se trata, por ejemplo, del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio y la legalización de las drogas. Son áreas en las que algunos estamos convencidos que no hay espacio para posiciones “relativas” que den lugar a “medias tintas”. Muchos sostenemos que no es posible valorar ningún tipo de aborto, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que el consumo de las drogas puede generar estragos irreparables para quienes las usan. Sin embargo, la realidad se impone y buena parte del electorado, en especial los jóvenes, exige un debate acerca de estas cuestiones.
Este es uno de los retos más complejos para los partidos sobre todo cuando su ideario es incompatible con aquellos asuntos. En estos casos, como lo señaló la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Claudia Umaña, “lo relevante es abrir el espacio a la discusión”, teniendo presente que finalmente el partido, si es conservador, no respaldará esta agenda y, por tanto, algunos de los aspirantes posiblemente decidan no inscribirse en el proceso, o si se trata de diputados electos, se les permitirá votar diferente a sus colegas, alegando “objeción de conciencia”, aunque en el resto de la agenda legislativa se coincida en un ciento por ciento.
*Columnista de El Diario de Hoy