Hace un par de meses —sin necesidad, porque tenía el dinero para pagar—, el gobierno cayó en impago en una deuda con los cotizantes de las pensiones. Con esto se le volvió casi imposible conseguir financiamiento.
Ahora, el gobierno, con toda tranquilidad, juega con la posibilidad de no pagar completamente otro vencimiento de las deudas con los cotizantes de las pensiones. Al igual que en abril, el gobierno tiene dinero para hacer el pago completo, pero está insistiendo en que en todo caso pagará sólo los intereses, aunque las clasificadoras de riesgo le han advertido seriamente que el pagar sólo los intereses sería clasificado inmediatamente como un impago. Este segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle.
Es difícil entender por qué el gobierno está dispuesto a tirar al país a un barranco: si lo está haciendo por mala intención o por ignorancia, ya que ambas existen.
La mala intención parece ser que el gobierno usaría el impago como pretexto para expropiar las pensiones y con ellas tener plata para reventarla durante las campañas electorales de 2018 y 2019. Pero aquí entra la ignorancia. Creen que el único problema del impago sería la falta de financiamiento para el gobierno, que ellos piensan que estaría resuelto con la expropiación de las pensiones. Pero la cesación de créditos llevaría a un colapso de la demanda interna y a un crisis similar a la de Venezuela, y, con ella, al derrumbe de la gobernabilidad del país.
Para que entiendan. El financiamiento externo aumenta la demanda interna del país porque se usa para financiar gastos domésticos e inversiones, que a su vez se convierten en demandas de bienes y servicios y en producción. Las salidas brutas de divisas en operaciones corrientes en 2016 fueron de $12,104 millones, y las entradas brutas de $11,573 millones. Al restar las salidas de las entradas queda un neto de $531 millones, que se cubrió con préstamos netos adicionales. Si lo que dejara de entrar al país fueran sólo esos $531 millones, la actividad económica del país caería por esa cantidad, que representa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Pero el efecto en la demanda sería mucho mayor que eso. Usar el flujo neto para calcular el impacto en la demanda lo subestima porque muchos créditos externos son necesarios para generar las exportaciones que los pagan. Como se toman y se pagan en el mismo año no aparecen como aumentos en el crédito neto. Pero el impacto de su eliminación en la producción del país sería devastador ya que las exportaciones y la producción local caerían si desaparece el crédito necesario para financiar las materias primas. Este impacto se magnifica porque el mismo crédito de largo plazo se usa dos o tres veces al año, de modo que, por ejemplo, un crédito rotativo de mil dólares puede ser usado para producir tres mil dólares en mercadería en tres períodos secuenciales. De igual forma, al caer el crédito del ejemplo de mil a cero dólares, la producción perdida no sería de mil sino de tres mil.
Es imposible estimar exactamente cuánto sería la caída de la producción si el crédito internacional se nos negara como consecuencia de un segundo impago, pero sería enorme. Las salidas brutas de divisas, $12,104 millones en 2016, son financiadas en gran parte con créditos externos de corto plazo. Estas representan cerca del 50 por ciento del PIB de El Salvador. La caída de la demanda no sería tan grande porque las empresas se ajustarían a trabajar con menos crédito por producto terminado. Pero aun tomando en cuenta este efecto, la contracción de la economía al secarse el financiamiento externo podría ser del orden del 25 por ciento del PIB —o sea, del mismo orden que lo que está pasando en Venezuela—. Infligir esta tragedia en la población es lo que, por la mala intención de quedarse con las pensiones, y por su ignorancia de la más elemental economía, se está jugando con tanta liviandad el gobierno.
¿Hay alguien que les pueda explicar que lo que quieren hacer es un suicidio?
*Máster en Economía
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.